Tras el rechazo de Bruselas de prolongar el período de gracia hasta 2023, el Reino Unido adoptó la decisión de ampliarlo unilateralmente seis meses con el fin de flexibilizar temporalmente los controles sanitarios y fitosanitarios sobre los productos agroalimentarios. Una decisión que la UE ha denunciado y ha amenazado con utilizar los medios legales inscritos en el acuerdo comercial. Por su parte, el Parlamento Europeo decidió el 4 de marzo posponer la votación que daría luz verde al pacto como protesta tras esta nueva maniobra del Gobierno de Boris Johnson.
Debido a las dificultades de llevar a cabo los controles sanitarios y fitosanitarios sobre los productos agroalimentarios procedentes del Reino Unido en la frontera norirlandesa, Londres decidió el 3 de marzo prolongar unilateralmente por seis meses el período de gracia justo cuando la UE había rechazado ampliarlo hasta el 2023.
El primer ministro británico, Boris Johnson, indicó que “con flexibilizaciones temporales nos aseguramos proteger el mercado en ciertos ámbitos, como el abastecimiento alimentario, a la espera de nuevas discusiones con la UE”. No excluye “recurrir a una disposición del protocolo que permita a una de las partes liberarse de sus obligaciones en caso de graves dificultades económicas, sociales o medioambientales”.
David Frost, encargado de las relaciones con Bruselas en el seno del Gobierno británico, explicó que se trataba de una medida técnica y temporal con el fin dar más tiempo tanto a las empresas como a los supermercados y a los operadores de paquetería para adaptarse. Además, indicó que “eran necesarios progresos urgentes en las discusiones entre las partes con el fin de resolver el impacto directo y a menudo desproporcionado del protocolo”.
Esta decisión se tomó unos días después de la orden dada por Irlanda del Norte de parar la construcción de puestos de control post-Brexit en los puertos de Belfast y de Larne, al temer que la situación se vuelva incontrolable cuando termine el período de gracia.
La UE denuncia esta situación
El vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, expresó su fuerte preocupación por esta medida unilateral que “se considera una violación de las disposiciones y obligaciones de buena fe previstas en el acuerdo de retirada que cerró el divorcio entre ambas partes”. Advirtió que la UE respondería “con los medios legales establecidos por el tratado del Brexit y el acuerdo comercial concluido a finales de año”. Además, precisó que “es la segunda vez que el Gobierno británico viola el derecho internacional”.
Para el ministro irlandés de Asuntos Exteriores, Simon Coveney, “este anuncio no ayuda para nada a construir la relación de confianza y de partenariado que es esencial para poner en marcha el protocolo negociado”.
Bruselas indicó el 24 de febrero que podría aceptar prolongar tres meses el período de gracia con el fin de permitir a las empresas norirlandesas derogar un cierto número de exigencias y propuso a Londres discutir un acuerdo veterinario bilateral con el fin de equiparar las normas sanitarias y fitosanitarias británicas a las suyas.
El Parlamento Europeo paraliza el proceso de ratificación
Para protestar contra la decisión de Londres, el Parlamento Europeo decidió el 4 de marzo paralizar el proceso de ratificación del acuerdo de comercio y cooperación alcanzado entre Bruselas y Londres el pasado 24 de diciembre y cuya entrada en vigor definitiva sigue pendiente de la aprobación por parte de los eurodiputados.
La votación se esperaba para finales de marzo y se daba por descontada la luz verde al pacto que rige las relaciones entre los dos bloques tras el Brexit. Sin embargo, los grupos pactaron dejar la fecha en el aire a la vista de las nuevas violaciones del acuerdo por parte del Gobierno de Boris Johnson.
