El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha sometido a consulta pública (hasta el 23 de septiembre) un proyecto de Real Decreto que modifica la normativa sobre concesión de ayudas directas en 2022 e introduce cambios en el proceso de convergencia que se había previsto inicialmente para ese año. Se trata, según señala el texto, de “proporcionar una acomodación más gradual de las explotaciones al futuro marco normativo de aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2023”, para lo que “se ajusta la convergencia de los derechos de pago básico para la campaña 2022, asegurando así una transición más suave al próximo periodo de la PAC”.
De acuerdo con el proyecto, los derechos de pago básico cuyo valor unitario inicial (el fijado a 31 de diciembre de 2021) sea inferior al valor medio regional en 2022, se incrementarán ese año en una décima parte de la diferencia entre su valor unitario inicial y el valor medio regional de 2022. Ese incremento se financiará con las reducciones aplicadas a los derechos que estén por encima del valor medio regional, “de manera lineal y sin limitación máxima de pérdidas más allá del propio valor medio de la región a la que pertenezcan”. “Ningún derecho de pago básico -añade el texto- tendrá un valor unitario inferior al 73% del valor medio regional en 2022”.
Hay que recordar que la disposición vigente actualmente (el Real Decreto 41/2021, de 26 de enero) establece que en 2022 los derechos de pago básico cuyo valor unitario inicial sea inferior al valor medio regional de ese año se incrementarían “en una cuarta parte de la diferencia entre su valor unitario inicial y el valor medio regional”. Ese incremento se financiaría con las reducciones aplicadas a los derechos que estuvieran por encima del valor medio regional, “de manera lineal y sin limitación máxima de pérdidas más allá del propio valor medio de la región a la que pertenezcan”. “Ningún derecho de pago básico tendrá un valor unitario inferior al 80% del valor medio regional en 2022”.
Esta convergencia acelerada provocó una oleada de protestas en las Comunidades Autónomas más perjudicadas por el proceso que llevó al ministro de Agricultura, Luis Planas, a rectificar. En marzo, tras un encuentro con los responsables de las organizaciones agrarias, se mostró abierto a negociar la convergencia aplicable el próximo año.
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