Las organizaciones representativas del sector agrario cordobés -ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias-, con el apoyo presencial de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y los sindicatos CCOO y UGT, protagonizaron este jueves en Córdoba una protesta en la Subdelegación del Gobierno en contra de la propuesta de la reforma de la PAC que plantea el Ministerio de Agricultura.
Para las organizaciones agrarias el primer paso debe ser “la retirada del real decreto de convergencia brusca aprobado por el Gobierno de España de forma unilateral” y el segundo, la creación de una mesa de diálogo real con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para el Plan Estratégico de la PAC a partir de 2023.
El presidente de ASAJA Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, la secretaria provincial de COAG, Carmen Quintero, el secretario general de UPA-Andalucía, Miguel Cobos, y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Juan Rafael Leal, lamentaron que el principal objetivo del Ministerio de Agricultura para los próximos años pasa por reducir el número de regiones y por impulsar un modelo en el que todas las hectáreas cobrarán igual eliminando también los derechos nominativos de los agricultores y permitiendo la entrada en el régimen de ayudas de superficies que, salvo excepciones, nunca han producido.
Las organizaciones recuerdan que, en el marco actual 2014-2020, se reconoció la diversidad productiva cordobesa y española mediante el establecimiento de 50 regiones de ayuda definidas en atención a la comarca geográfica, a la orientación productiva y a los niveles de ayuda consolidados por los agricultores y ganaderos. A su vez, se implantó un sistema de convergencia, que aproximaba el valor de los derechos de pago de los productores integrados en una misma región de forma moderada, paulatina y con limitación en su impacto sobre la renta individual de los agricultores y ganaderos afectados.
De no cambiarse la propuesta del Ministerio, supondría, en el peor de los escenarios, una pérdida de alrededor del 50% de los 300 millones de euros que reciben actualmente, entre pago básico y pago verde, para los más de 40.000 perceptores de las ayudas PAC cordobeses.
Además, en plena elaboración del citado Plan Estratégico de la PAC, el Ministerio publicó en enero, “de forma unilateral y sin consenso”, el Real Decreto 41/2001, una normativa que acelera la convergencia desde este mismo año y “más allá de lo exigido por la Comisión Europea, y que se ha preparado obviando las advertencias del sector», que la rechaza de forma unánime porque mermará de forma importante la renta de un 40% de los agricultores y ganaderos cordobeses, siendo los más perjudicados, los que han generado derechos más altos por haber invertido en mejoras tecnológicas y formación para producir más y generar empleo y riqueza. Son ejemplos tipo los ganaderos con poca base territorial, los olivareros y los regadíos, por tanto, atacando a un modelo diverso, productivo y generador de riqueza en el territorio. Y es que por primera vez en la historia de la PAC, se define un tránsito no paulatino, que impedirá que “muchos profesionales tengan tiempo de adaptarse a los cambios, redimensionar sus explotaciones y/o reorientar sus producciones”.
Por otro lado, las organizaciones han pedido a los plenos de los ayuntamientos, a la sociedad cordobesa y al conjunto del complejo agroalimentario cordobés, que se sumen a sus peticiones de cara a la nueva PAC, persiguiendo la elaboración de un plan estratégico que permita cumplir con las directrices europeas “respetando nuestra diversidad productiva”. La reforma “no puede hacer daño a miles de agricultores y ganaderos que son fundamentales para mantener el tejido económico, social y medioambiental de nuestra provincia”.
Asimismo, les piden que apoyen el rechazo del real decreto de convergencia por ser innecesario y porque condiciona el futuro de muchos agricultores y ganaderos cordobeses y porque determina las negociaciones de cara a la nueva PAC.
Los representantes de ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba insisten en el deseo de dialogar con el ministro de Agricultura para llegar a un acuerdo que no resulte perjudicial para la primera región agraria de España, en la que se hallan el 34% de los perceptores de ayudas PAC y que aporta el 37% del Valor Añadido Bruto (VAB) agrario a la economía de España, dando empleo a más del 8% de la población ocupada andaluza (más del doble que la media nacional).
Imágenes de la protesta
