El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a atajar la crisis citrícola. En el texto proponen que se introduzcan medidas efectivas en la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que eviten la reiteración de la crisis de precios, «subsanando la discriminación, que sufre la agricultura mediterránea en dicha política y, especialmente, el sector de frutas y hortalizas».
Además, plantea «realizar un estudio de la Unión Europea (UE) con Terceros Países en los que se haga referencia a la importación de cítricos».
Por otro lado, en relación a los acuerdos comerciales, el GPP pide que el Ejecutivo «lidere una iniciativa a nivel europeo de revisión e impacto» de los convenios que «impliquen importación de críticos procedentes de Terceros Países» y que se implementen medidas si se evidencia que «estas importaciones o la suma de ellas generan perjuicios graves al sector citrícola europeo».
Reclaman que se incorpore al sistema de seguros agrarios la posibilidad de un seguro de rentas basado en los costes de producción, así como la introducción de una reducción tanto del módulo de IRPF de cítricos como del IBI rústico de las parcelas de cítricos.
Además, también solicitan que se incentive el consumo de cítricos españoles y reclaman que a la retirada de producción de 50.000 toneladas puedan acceder a todos los agricultores afectados, «tanto los que están en Organizaciones de Productores como los que no están, como ya ocurrió con el veto ruso».
Compromís defenderá la cláusula de salvaguarda
Por su parte, Compromís ha anunciado que defenderá en el pleno de Las Cortes valencianas una propuesta para que el Gobierno solicite a la Comisión Europea la aplicación de la cláusula de salvaguarda a los cítricos valencianos, al menos este año, y que la retirada de la producción por saturación se compense según las pérdidas.
Según el diputado Juan Ponce, también reclamará que se finalice el Plan estratégico autonómico para proteger a las producciones citrícolas valencianas, y que se inste al Gobierno español a reforzar las inspecciones en la frontera para evitar las plagas de países terceros.
La propuesta plantea asimismo que se inste al Gobierno de España a exigir a la Comisión Europea a hacer un seguimiento directo y detallado del impacto que tiene el acuerdo con Sudáfrica sobre el mercado de cítricos en Europa.
El portavoz socialista, Manuel Mata, ha alertado de que esa cláusula se aplica siempre que exista una «prolija documentación» y que en la actualidad no se tienen todos esos documentos, pues decir que en Sudáfrica se usan fitosanitarios que están prohibidos aquí o que el etiquetado es algo que se tiene que demostrar.
No obstante, ha señalado que la cláusula de salvaguarda se puede aplicar en un periodo de tres años después de la firma de un tratado comercial y con pruebas «abrumadoras», si bien el Gobierno está recopilando todos los documentos para cuando se den los requisitos y se pueda solicitar.
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