Desde Andalucía y Murcia se han vertido críticas no solo al contenido de la propuesta del Ministerio de Agricultura sobre el modelo de aplicación de la futura PAC en España sino también por la forma de llevar esta negociación. Ambas regiones han pedido más precisión y estudios de impacto de las medidas planteadas.
Tras la reunión técnica celebrada el 7 de julio, la Junta de Andalucía subrayó que «después de tres años de negociaciones a nivel europeo, alcanzar el consenso nacional en un margen de dos semanas se antoja complicado». El secretario general de Agricultura de Andalucía, Vicente Pérez, apuntó que es fundamental contar con estudios de impacto para que los consejeros de las distintas autonomías puedan adoptar una decisión con garantías suficientes en la Conferencia Sectorial que podría celebrarse la próxima semana.
En general pidió una mayor definición de los planteamientos esbozados y recordó que el acuerdo alcanzado a nivel comunitario permite aplicar el actual modelo andaluz con un incremento de las medidas ambientales; un modelo basado en la regionalización de las ayudas y en el sistema de derechos. Según Pérez, Andalucía esta dispuesta a ceder en algunos aspectos, como la reducción a la mitad del número de regiones productivas actuales, pero no a un cambio radical que perjudique a los productores andaluces a favor de los de otras regiones.
El representante de Murcia en la reunión técnica lamentó que se citara a las Comunidades Autónomas «con un documento de mínimos» pero «de nuevo sin los elementos necesarios que nos permitan adoptar un posicionamiento». Pidió cifras concretas y estudios de impacto que permitan valorar con objetividad el futuro que plantea el Ministerio.
Desde Murcia insisten en la eliminación de las referencias históricas y consideran un «caramelo» el que los productores de frutas y hortalizas queden «relegados a la reserva nacional» para acceder a pagos desacoplados. Critican asimismo la falta de definición de los ecoesquemas y la escasa atención a los ganaderos sin superficie.
Por todo ello rechazaron el marco propuesto por el Ministerio de Agricultura, que consideran «un error, o un error calculado».
