El último Consultorio de la PAC corrió a cargo de Juan Pedro Medina, viceconsejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, que hizo una valoración del real decreto que aprobó el Consejo de Ministros -el pasado 26 de diciembre- por el que se modificaron diversos reales decretos para clarificar la aplicación en España de la nueva PAC.
Las modificaciones son de carácter técnico y mantienen los principios de intervención recogidos en el Plan Estratégico de la PAC que empezó a aplicarse este año.
Por un lado, recogen que la entrada en vigor del cuaderno digital de explotación se ampliará al 1 de septiembre de 2024 para las explotaciones de mayor tamaño, un año más tarde para las explotaciones pequeñas y las más pequeñas (es decir, las que cuentan con una superficie igual o inferior a 5 hectáreas) quedan exentas.
Se amplía la entrada en vigor del cuaderno digital de explotación
El Real Decreto sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad se modifica para recoger un tratamiento especial para el acceso a la reserva nacional de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra. Además, se limitan los arrendamientos sin tierras.
Entre los cambios del sistema de gestión y control de las intervenciones destaca la exigencia de realizar una actividad de producción cuando se declara un recinto inactivo por primera vez, o la necesidad de acreditar la disponibilidad de los recintos improductivos transformados que se declaran por primera vez.
Además, se clarifican las redacciones de los artículos relativos a la condición de agricultor activo. Y sobre el pago redistributivo se revisa el cálculo para aquellos titulares que tienen más de una región.
Medina: los cambios en los reales decretos suponen para los agricultores «más burocracia y más letra pequeña»
Según Medina, «los cambios son meramente ajustes técnicos, tardíos y muchos de ellos ya se aplicaron en el año 2023». «Realmente no es más seguridad jurídica para los agricultores sino para las administraciones, en especial, para el Estado y más responsabilidad para las comunidades autónomas en los controles.
En definitiva, para los agricultores «nada nuevo, nada de flexibilidad; más burocracia y más exigencias de letra pequeña».
Cambios relativos a la condicional reforzada
Por último, los cambios relativos a la condicionalidad reforzada afectan a algunos aspectos relativos a las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) para adaptar las mismas a las últimas modificaciones del Plan Estratégico.
Según el viceconsejero, la norma depende de la ministra Teresa Ribera y de momento está teniendo pocos efectos. En general «exige más prácticas de carácter verde».
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