La Plataforma de Afectados por el Arranque de Viñedos de Castilla-La Mancha (Aferran) ha denunciado ante el Defensor del Pueblo que el Gobierno regional ha cobrado «multas coercitivas» a los agricultores de la Comunidad Autónoma.
Aferran asegura que estas penalizaciones, además de «incumplir la legislación vigente», han supuesto pérdidas de más de 350 millones de euros a los productores.
El recurso viene motivado por el contencioso-administrativo que mantiene con la Consejería por estimar que «su falta de rigor» ha perjudicado a miles de pequeños agricultores que «se han visto obligados a arrancar sus viñas, que eran su medio de vida» para evitar «las desproporcionadas sanciones coercitivas que se han venido aplicando» y que, en el caso de algún afectado, ascienden a 600.000 euros.
A su juicio, el «arranque indiscriminado» de viñedo se habría podido evitar si la Junta hubiera aplicado los derechos históricos que «tenía sobre más 30.000 hectáreas de viñedo».
En el escrito enviado al Defensor del Pueblo, la Plataforma subraya que arrastran esta situación desde hace más de 20 años durante los cuales se «ha condenado» a los afectados a pagar unas multas de 12.000 euros por hectárea, en vez de 3.000 euros como estipula la legislación, por las órdenes de arranque que se impusieron desde 1998.
Además, ha subrayado que la Junta ha obligado a arrancar viñedo basándose en unas hojas de campo e informes «carentes de cualquier metodología y de rigor científico en sus afirmaciones y conclusiones» que incumplen los requisitos legales establecidos en la Ley 30/1992.
Por ello, el colectivo ha instado al Defensor del Pueblo a que inicie las actuaciones necesarias para solucionar el problema de las parcelas declaradas ilegales, que afecta a gran parte de la población de la región y a sus familias, mediante «algún método o solución alternativa al arranque que satisfaga tanto a la Administración como a los agricultores».
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