La Junta de Extremadura ha presentado una propuesta para modificar la normativa europea y nacional sobre la Dehesa en la Política Agraria Común (PAC) que se centra en la necesidad de cambiar la definición de pastos permanentes, la incorporación de medidas que hagan más flexible la aplicación regional de los derechos de pago básico y la compatibilidad de las medidas de desarrollo rural y los pagos directos en los sistemas agroforestales
Asimismo, en la propuesta se pone de manifiesto la necesidad de reconocer como prácticas ambientales las acciones de conservación y mantenimiento que deben ejercerse en este ecosistema.
El Ejecutivo regional presentó esta iniciativa el día 5 de diciembre en la Conferencia Sectorial de Agricultura.
Según la Junta, España viene siendo sancionada como consecuencia de las deficiencias detectadas en las misiones de la Comisión desde abril de 2009, efectuadas en el ámbito de las ayudas directas, lo que ha supuesto la imposición de correcciones financieras a tanto alzadas en relación con la admisibilidad de los pastos permanentes con arbolado y/o arbustos.
El Gobierno regional dará cuenta de la propuesta para modificar la normativa que afecta a la dehesa tanto a la Asamblea de Extremadura como al Parlamento Europeo, para que pueda ser considerada en el ámbito de la aprobación del Reglamento Omnibus y para dar a conocer esta problemática en las negociaciones que se abran sobre la PAC más allá del 2020.
La Junta ha recordado que la aplicación de las sucesivas reformas de la PAC está poniendo en peligro la continuidad de este ecosistema que se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica, así como amenazada por otros problemas de índole sanitario y ambiental.
Además considera que la dehesa es un ecosistema agrosilvopastoral de gran valor ecológico que debe ser protegido por la Política Agraria Comunitaria con el fin de preservar sus características medioambientales, que integran de forma inseparable el mantenimiento de la actividad ganadera, con un aprovechamiento forestal y agrario, la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ambientales públicos.
