La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha votado a favor de modificar la definición de pastos permanentes que figura en la normativa comunitaria vigente con el fin de que abarque también los pastos mediterráneos, leñosos, característicos de la dehesa.
Esta comisión parlamentaria ha aprobado por 34 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, su posición sobre el llamado «reglamento ómnibus» que, aunque está centrado en cuestiones presupuestarias, incluye también propuestas relativas a la reglamentación agraria vigente. Una de las enmiendas introducidas por los eurodiputados agrícolas en la propuesta de la Comisión Europea es la relativa a la definición de pastos permanentes, que actualmente se centra en aquellos en los que predominan las plantas herbáceas, con el fin de ampliarla a los pastos leñosos, característicos de las dehesas. La eurodiputada española Esther Herranz (Partido Popular Europeo) ha subrayado que la normativa actual se ha traducido en penalizaciones «injustificadas», por la aplicación del denominado Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP).
Agricultor activo
Por otro lado, el informe de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara ha rechazado la propuesta de Bruselas para que la definición de «agricultor activo» se aplique de manera voluntaria a partir de 2018. También pide el reforzamiento del papel de las organizaciones de productores, que deberían estar «protegidas» frente a las normas de competencia, y el de todos los instrumentos de gestión de los riesgos con el fin de que se pueda cubrir hasta el 70% de las pérdidas registradas por una explotación en caso de que la renta se reduzca en más de un 20%. Otra medida que reclama esta comisión parlamentaria es un régimen de reducción voluntaria de la producción cuando se produzcan desequilibrios graves en el mercado.
El informe de la Comisión de Agricultura pasará ahora a la de Presupuestos, que es la competente para esta propuesta de «reglamento ómnibus» y, posteriormente, al pleno del Parlamento Europeo, que podría votar su posición en junio. A partir de ahí comenzarían las negociaciones a tres bandas entre Parlamento, Consejo y Comisión para acordar un texto final, que debería entrar en vigor en 2018. Falta bastante, por tanto, para que estas medidas que plantean los eurodiputados agrícolas lleguen a buen puerto.
