La mayoría de las comunidades autónomas han abogado por apoyar la figura del agricultor profesional y eliminar los derechos históricos a la hora de recibir ayudas en el marco de la negociación con el Gobierno para consensuar una posición sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC).
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y los representantes de las comunidades autónomas han mantenido ayer -21 de enero- una reunión del consejo consultivo extraordinario para debatir sobre la nueva PAC de cara al período 2021-2027.
El Ministerio y las regiones han acordado durante la reunión la creación de un grupo de trabajo para diseñar un plan estratégico nacional sobre esta cuestión que comenzará a funcionar en febrero.
Las conclusiones
El ministro ha resaltado algunas de las conclusiones acordadas con los consejeros de las Comunidades Autónomas. Así en relación con el agricultor genuino, ha explicado que existe un amplio consenso en dar un tratamiento diferenciado y preferente a los beneficiarios para los que la actividad agrícola es la principal fuente de ingresos, sin olvidar a los agricultores pluriactivos.
En cuanto a la ayuda básica a la renta, ha señalado que existe también un amplio consenso en conceder la ayuda básica a la renta en base a un modelo regional simplificado con respecto al actual. Una mayoría de comunidades autónomas, ha explicado, se ha posicionado también a favor de eliminar las referencias históricas y, algunas, explícitamente los derechos individuales.
Otros de los temas abordados han sido la ayuda redistributiva, degresividad y capping (limitación de las ayudas) y los pagos vinculados a la producción.
Planas ha subrayado también la posición común de las comunidades autónomas sobre la necesidad de una PAC con mayor ambición medioambiental, si bien, partiendo de la necesidad de asegurar la rentabilidad de las explotaciones, y el criterio unánime de que la Política de desarrollo rural debe ser una política trasversal y tener en cuenta como objetivo el hacer atractivo el medio rural para atraer población de forma estable y en condiciones óptimas de vida y trabajo.
En este sentido ha subrayado la importancia de la incorporación de medidas de acompañamiento que permitan que los jóvenes permanezcan en el territorio, y el diseño de medidas que fomenten la incorporación de mujeres a la actividad económica del medio rural.
La posición de las Comunidades
La consejera de Castilla y León (PP), Milagros Marcos, ha considerado positivo que la nueva PAC beneficie «al agricultor profesional» y ha destacado el «consenso» existente en este encuentro a la hora de encontrar puntos que permitan diferenciar este tipo de agricultor a través de «indicadores vinculados a la renta o al tamaño de la explotación».
El consejero de Castilla-La Mancha (PSOE), Francisco Martínez Arroyo, ha defendido por su parte que las ayudas se repartan de la misma forma en todo el país para que «todos los agricultores reciban el mismo pago por hectárea independientemente de dónde estén», algo que actualmente no sucede.
La consejera de Desarrollo Rural de Navarra (Geroa Bai), Isabel Elizalde, ha resaltado que una de las prioridades para la región es la eliminación de los derechos históricos, un mensaje que en su opinión «va calando en otras comunidades autónomas» también al observar que ese sistema «no ha servido».
En este sentido se han pronunciado tanto el representante del Ejecutivo aragonés (PSOE), Joaquín Olona, así como el del Gobierno riojano (PP), Íñigo Nagore, en referencia a unos derechos que, según han denunciado, permiten percibir ayudas por la actividad agraria desarrollada en el pasado, sin estar vinculadas a la producción actual.
Desde Galicia (PP) su consejero, José González, ha hecho hincapié en las ayudas al medio rural, pero también a los pequeños y medianos agricultores.
Finalmente, la consejera valenciana (PSOE), Elena Cebrián, ha apostado por contribuir a que la actividad en el campo sea viable económicamente para ser capaces de atraer jóvenes y acometer el relevo generacional.
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