El desarrollo sostenible a largo plazo de la Unión Europea no puede lograrse sin unas zonas rurales dinámicas y sostenibles y sin la plena integración de las comunidades rurales en el proyecto europeo.
Esta es la advertencia que lanzó hace unos días en Logroño la Mesa del Comité Europeo de las Regiones, que ha pedido que se tengan en cuenta las necesidades de las zonas rurales en todas las políticas de la UE y que se destinen fondos europeos a proyectos en dichas zonas.
La Declaración de Logroño, aprobada en esa reunión, subraya que las zonas rurales necesitan un apoyo específico para adaptarse a la crisis climática y a la transición ecológica y digital, ya que tienen que afrontar “retos sistémicos a largo plazo, como la despoblación, la disminución de la población activa, la escasez de servicios esenciales e inversiones insuficientes para responder oportunamente” a esos desafíos.
El presidente del Comité, Vasco Alves Cordeiro, recordó que uno de cada cuatro europeos vive en las zonas rurales, que representan alrededor del 75% del territorio de la UE, y que estas regiones son fundamentales para el desarrollo sostenible y la cohesión social y territorial de la Unión Europea a largo plazo; sin embargo, “la despoblación y la crisis climática pueden poner en peligro su futuro.
Las zonas rurales son fundamentales para el desarrollo sostenible y la cohesión social y territorial de la Unión Europea a largo plazo
Con políticas mejor orientadas, en particular para las transiciones ecológica y digital, las zonas rurales pueden disponer de herramientas para garantizar el acceso a empleos de calidad, servicios sanitarios y educativos, y atraer a los jóvenes”.
La Declaración insiste en la importancia de retener y atraer a la juventud para que decida emprender su proyecto de vida en las zonas rurales y reclama que se tengan en cuenta las vulnerabilidades y necesidades de las zonas rurales en todas las inversiones que se realicen en el marco de la PAC y los fondos de cohesión, los planes nacionales de recuperación y resiliencia y otros programas de la Unión, así como en programaciones futuras. En concreto, proponen una asignación mínima de los fondos europeos a proyectos en estas áreas.
Además, la crisis climática y la pérdida de biodiversidad están teniendo un impacto negativo significativo en el sector agroalimentario. Por consiguiente, la adaptación al cambio climático, el apoyo a los agricultores y la gestión del riesgo de catástrofes deben reforzarse en estrecha cooperación con las autoridades locales.
