Castilla-La Mancha pone freno al desperdicio de alimentos

En 2022 se desperdiciaron en el mundo más de 1.050 millones de toneladas de alimentos

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, está tramitando un proyecto de Decreto por el que se promueven medidas para evitar el desperdicio alimentario y se facilita la redistribución de alimentos en Castilla-La Mancha.

Esta norma, pionera en España, tiene por objeto regular la reducción eficiente del desperdicio alimentario y promover el aprovechamiento de alimentos para su redistribución con la máxima garantía para la salud, en el marco de la economía circular, según ha informado la Junta. En la actualidad, este proyecto de Decreto se encuentra en periodo de información pública, el cual finaliza el próximo 23 de noviembre.

Ámbito de aplicación

El proyecto de Decreto presenta un enfoque integral en la medida que su ámbito de aplicación comprende al sector primario e industrias de transformación; a las empresas de distribución de alimentos o productos alimenticios; así como, a las entidades que desarrollen actividades económicas relacionadas con la hostelería y a las entidades con actividades de restauración tales como servicio de cáterin y servicio de comidas y bebidas, para ser consumidas.

Dentro de su ámbito de aplicación se encuentran también las organizaciones o bancos de alimentos que recolecten y redistribuyan alimentos donados de agentes de la cadena alimentaria y los transporten, almacenen y redistribuyan entre una red de organizaciones afiliadas; a las organizaciones benéficas o sociales que reciben los alimentos donados de bancos de alimentos o directamente de agentes de la cadena alimentarias que suministran estos alimentos a sus beneficiarios; además, de los hogares y el sector público, en general.

Programas y medidas para reducir el desperdicio alimentario

La norma a desarrollar persigue promover la economía circular mediante el establecimiento de programas y medidas vinculadas a la reducción del desperdicio alimentario, con el fin de evitar sus consecuencias éticas, económicas, sociales, nutricionales y ambientales.

Asimismo, pretende disminuir el desperdicio de alimentos mediante una gestión más eficiente de los recursos destinados a la producción agraria y una mejor gestión de los recursos hídricos, evitando excedentes agrícolas que puedan perderse o desperdiciarse y que pueden proporcionar claros beneficios para la ayuda alimentaria.

Por otra parte, trata de sensibilizar e informar a los agentes de la producción, transformación, distribución, hostelería, restauración, personas consumidoras y ciudadanía en general, sobre las causas y las consecuencias para el medio ambiente del desperdicio de alimentos.

Otro de los fines de esta nueva norma es la de favorecer la investigación e innovación en el ámbito de la reducción del desperdicio alimentario.

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