La Comisión Europea ha presentado este miércoles -5 de julio- un paquete legislativo para promover la economía circular y sostenible en la alimentación y los tejidos, con el doble objetivo de obligar a los Estados miembros a que reduzcan el desperdicio de comida y que incrementen la reutilización y el reciclaje de los tejidos.
Las dos propuestas tendrán que negociarse con el Parlamento Europeo y con los Estados miembros, con el objetivo de cerrar la normativa definitiva antes de las elecciones a la Eurocámara de junio de 2024 que marcarán el cambio de ciclo legislativo comunitario.
El desperdicio alimentario y su impacto en las emisiones
La comida que se desperdicia supone el 16% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema alimentario de la UE e implica al mismo tiempo un desperdicio de recursos en forma de agua o energía con gran impacto medioambiental.
Bruselas propone que para 2030 se exija a los Estados miembros reducir un 30% per cápita el desperdicio alimentario en supermercados, restaurantes y hogares y otro 10% en el ámbito de la manufactura y el procesado, con una cláusula de revisión en 2027.
Bruselas ofrece directrices, asesoramiento e intercambio de buenas prácticas, pero invita también a las capitales a desarrollar estrategias de prevención para evitar el desperdicio
Esas metas se inspiran en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que estipulan un recorte del 50% del desperdicio alimentario mundial al final de la presente década, y requerirán cambios en el comportamiento de los consumidores.
Bruselas ofrece directrices, asesoramiento e intercambio de buenas prácticas, pero invita también a las capitales a desarrollar estrategias de prevención para evitar el desperdicio alimentario y sugiere que estas incluyan medidas legislativas e incentivos fiscales.
Reciclaje de tejidos
En cuanto a la segunda propuesta, el comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius, aseguró que Bruselas pretende «impulsar las inversiones en reutilización y reciclaje» y garantizar «la aplicación del principio de quien contamina paga».
Cada año se tiran en la UE 5,2 millones de toneladas de ropa y calzado, es decir, unos 12 kilos por habitante.
Pese a que los Estados miembros de la UE ya están obligados a establecer recogidas separadas de residuos textiles a partir del 1 de enero de 2025, la Comisión quiere ahora profundizar en esa senda y propone un «Responsabilidad Extendida del Productor obligatoria y armonizada» para todos los textiles en todos los Estados miembros.
Los productores tendrán que cubrir el coste de la gestión de los residuos, lo que generará incentivos para que los reduzcan y aumenten la circularidad diseñando desde el inicio productos enfocados a la reutilización y el reciclado al final de su vida útil.
Para establecer cuánto tendrán que pagar, se establecerá una clasificación ajustada en función del desempeño medioambiental del tejido bajo el principio de «eco-modulación». Esa tarifa podría encarecer unos 12 céntimos de euro por una camiseta, por ejemplo, aunque «la propuesta no fija el nivel de la contribución, sino el marco legal».
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