La lucha contra la despoblación en el campo, un objetivo común para Galicia y Castilla y León

La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, espera que «la futura PAC (Política Agraria Común) avance en la modernización» del sector primario y sirva para «luchar también contra la despoblación del medio rural».

Lo ha explicado en la jornada `La repercusión de la nueva PAC en Galicia´, celebrada hoy 10 de abril en la Ciudad de la Cultura de Santiago, donde se han abordado las claves de los nuevos planteamientos de la Unión Europea (UE) vinculados al campo, que se aplicarán a partir de 2020.

Según Marcos, «los objetivos frente a la futura PAC de las dos comunidades autónomas coinciden, por lo tanto, lo que debemos hacer es sumar, apoyarnos unos en otros, para tener más fuerza a la hora de defender los intereses de la agricultura y la ganadería de España, fundamentalmente en este caso de Galicia y de Castilla y León”.

La titular de Agricultura y Ganadería de la Junta ha defendido el papel de dos «comunidades autónomas hermanas» que creen en el sector primario «como fuerza motor» de la economía y «como eje fundamental para luchar también contra la despoblación del medio rural que aqueja tanto a Castilla y León como a Galicia».

Por ello, ha llamado a sumar «esfuerzos» en un «posicionamiento común» de defensa de la Política Agraria Común que funcionará a partir de 2020.

«Queremos una PAC fuerte, una PAC bien financiada en la que se primen intereses del sector vinculados también a ese rejuvenecimiento necesario, a la innovación, a la investigación, pero sobre todo a la garantía y a la sostenibilidad del futuro de nuestro sector primario».

Marcos espera que la Unión Europea «siga priorizando la PAC» y continúe, por lo tanto, «manteniendo al menos la misma financiación que tiene el campo».

Asimismo, pretende que «la futura PAC avance en la modernización del sector pero también garantice financiación suficiente para avanzar en esa modernización».

La consejera ha recordado que Castilla y León cuenta con un documento que recoge su postura en este ámbito apoyado por todos los grupos políticos y organizaciones agrarias y cooperativas, lo que le da «más fuerza» ante una posición que entiende que deben respaldar, también, «el resto de comunidades autónomas».

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