El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el anteproyecto de ley contra la despoblación que, entre otras medidas, incluye incentivos fiscales tanto para las personas que vivan en las zonas en riesgo de despoblación como para las empresas que se radiquen en estos pueblos, mediante desgravaciones en los impuestos cedidos a la comunidad autónoma.
Tras la reunión del Consejo de Gobierno en la que se ha dado el visto bueno al anteproyecto de Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural, ha comparecido el vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, para explicar que la principal novedad es que se trata de la primera ley que utiliza la política fiscal para luchar contra la despoblación.
Detalles del anteproyecto
Se establecerá la desgravación de hasta el 25% de la cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para quienes fijen su residencia efectiva en zonas despobladas y una desgravación del 10% para la construcción o rehabilitación de una vivienda, lo que en la práctica supone que con esas dos desgravaciones no se pagarían impuestos a la comunidad autónoma.
También se prevén desgravaciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que se reduce al 50%, lo mismo que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, lo que, según ha destacado Martínez Guijarro, facilitará la implantación de empresas, que además podrán tener hasta un 40% de ayuda adicional en las líneas de ayudas.
El vicepresidente ha recordado que la ley contra la despoblación nace acompañada de una memoria económica de 600 millones de euros para la implantación de las medidas y que, asimismo, incluye soluciones para garantizar que los ciudadanos que viven en zonas despobladas pueden acceder a los servicios públicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales) en iguales condiciones que el resto.
