Despoblamiento: «España carece de una política rural de Estado»

El CES presentará un informe que llama la atención sobre el grave problema del despoblamiento en el medio rural

El próximo 12 de septiembre se presentará en Madrid el informe “Medio Rural y su Vertebración Social y Territorial” aprobado a principios de año por unanimidad por el Consejo Económico y Social (CES). El texto subraya que uno de los principales problemas del mundo rural es el despoblamiento.

Además pone de manifiesto que “España carece de una política rural de Estado” y hace un llamamiento para impulsar la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que realmente no se ha aplicado, con el fin de tener una “estrategia de país” en este ámbito.

Según el informe, “el deterioro de la economía, el empleo o las infraestructuras sociales en las zonas rurales ha mermado la calidad de vida de su población, dando como resultado un serio problema de despoblamiento rural”.

El texto añade que “solo desde una perspectiva integral, que favorezca el crecimiento económico y el empleo, la mejora de las estructuras agrarias e infraestructuras rurales, los planes educativos y los servicios sociales se podrá lograr el asentamiento poblacional, especialmente de jóvenes y mujeres”.

El CES incide especialmente en la necesidad de medidas para favorecer la permanencia en el medio rural de esos colectivos. “Dicha permanencia depende de que sus perspectivas de vida estén garantizadas dentro de unos estándares básicos, posibilidades de empleo y acceso a la educación, la sanidad, la cultura, o la cobertura social”.

Sin embargo, hay carencias en el medio rural en todos esos ámbitos (programas formativos, política de vivienda), un problema de dependencia más acusado por el envejecimiento de la población, una emigración femenina que dificulta la formación de nuevos hogares, un riesgo de caer en situación de pobreza mayor, etc.

Entre la diversidad de medidas planteadas para abordar esos problemas, el informe sugiere mejorar el contenido de la Ley de titularidad compartida de explotaciones agrarias, mejorar los servicios públicos y las infraestructuras (abastecimiento de aguas, gestión de residuos, transporte, servicios sanitarios y sociales) e impulsar de forma decidida la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, con el fin de tener una estrategia de país en esta materia.

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