Las OPAS extremeñas critican las declaraciones de Yolanda Díaz sobre el «bloqueo» del convenio del campo

Tras conocer las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha instado a los agentes sociales a «desbloquear» el convenio del campo extremeño, que lleva «desde 2018 paralizado» y que «nada tiene que ver con el Salario Mínimo Interprofesional», las organizaciones agrarias han criticado su «desconocimiento» de la realidad del sector.

Sobre la repercusión en el campo de la subida del SMI, Díaz ha indicado que «esa variable, ecuación, que se emplea, en términos económicos-laborales no es cierta», y ha indicado que ante «la mayor subida salarial en términos del salario mínimo de nuestro país, más del 22%» y en la mayor crisis mundial, justamente el sector agrario «ha tenido más contrataciones que nunca», por lo que ha pedido debates «rigurosos y transparentes».

Asimismo, ha remarcado que «el binomio agricultura-precariedad tiene que romperse de una vez por todas» y ha celebrado que «por primera vez», en el marco del diálogo social, se afronte «esa anomalía española que se llama temporalidad», por la que «nos sacan los colores todos los días ante la UE».

Reacciones de las OPAS

Las reacciones a estas afirmaciones por parte de las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) han sido inmediatas con comunicados de APAG Extremadura Asaja, UPA-UCE Extremadura, ASAJA Extremadura y La Unión.

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, cree que las declaraciones de Díaz demuestran «un gran desconocimiento» del mundo rural y le ha pedido que trabaje en «lo que realmente hace falta», como «una Ley de la Cadena Alimentaria» que garantice «unos precios justos», una PAC «sin recortes», «más infraestructuras en las zonas rurales» y políticas activas que «favorezcan la incorporación de jóvenes agricultores».

«La ministra no puede criminalizar a un sector sin conocerlo, ni tampoco tomar medidas sin escuchar a los protagonistas, puesto que está hablando de una nueva subida del SMI, que puede tener repercusiones negativas, como se ha advertido desde el Banco de España que estimó en 173.000 los empleos que se perdieron con la subida anterior», ha argumentado. En el mismo sentido se ha referido a la posible extensión de la contratación como fijos discontinuos en el mundo agrario, puesto que las particularidades del campo y de las campañas de recolección «no tienen nada que ver con otros sectores».

En términos similares, el secretario regional de UPA-UCE, Ignacio Huertas, considera que las «totalmente desafortunadas» declaraciones de la ministra «carecen de rigor» al «no ajustarse a la realidad que vive el campo», donde «la mayoría de las explotaciones respetan las condiciones impuestas que marca la ley». Si bien es cierto que el sector tiene «un problema de estacionalidad», marcado por las campañas agrícolas, ha defendido que «no supone ningún tipo de precariedad laboral» y cree que la ministra «no ha tenido en cuenta la problemática» de bajos precios que perciben los productores y que necesita «una regulación clara que en estos momentos está en manos del Gobierno».

También se ha pronunciado al respecto el presidente de ASAJA Extremadura, Ángel García Blanco, quien ha considerado «inadmisible» que la ministra de Trabajo aproveche una visita institucional a la región para «insultar al campo extremeño», y ha trasladado su «enorme malestar» por unas declaraciones que, a su juicio, evidencian una «sorprendente falta de información», así como «un sectarismo patológico y trasnochado», de una ministra que «no ha dado voz a las organizaciones agrarias en ningún momento durante esta legislatura».

Por último, La Unión Extremadura, ante la «llamada de atención a los empresarios del sector agrario» por parte de Díaz, ha recordado la estacionalidad de las campañas agrícolas y, por tanto, que es «imposible que los empresarios agrarios realicen contratos de trabajo por un tiempo superior a la duración de las distintas recolecciones».

Para esta organización, la «reflexión o amenaza» de la ministra es fruto de «un profundo desconocimiento» de este sector» y entiende que el Gobierno debería preocuparse «no solo de subir el SMI para garantizar la renta de los trabajadores», también «de regular las normas comerciales para garantizar la renta de los empresarios agrarios», con lo que sería «más fácil garantizar unos salarios más altos».

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