En el último `Consultorio de la PAC´ -30 de junio de 2018-, Miguel Ángel Riesgo, presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) continuó dando respuesta a las dudas de los oyentes de Agropopular relativas a la Política Agraria Comunitaria (PAC).
Una de las cuestiones fue la de Bruno Auñón: «Una sociedad creada hace 30 años explota 400 hectáreas en régimen de arrendamiento con unos ingresos de la PAC anuales totales de 200.000 euros. Las medidas que se contemplan en la propuesta de la Comisión Europea para fijar, por un lado, topes a la cantidad de dinero que se puede recibir en una explotación y, por otro, reducciones a partir de unos determinados límites, ¿se aplicarán solo al pago básico, incluido el verde, o también afecta a los pagos acoplados? ¿Como se va a aplicar?»
Por último, el oyente preguntó si «van a quitar de golpe y porrazo los derechos y sus importes a las explotaciones», o si van a dar tiempo para adaptarse. ¿Se podrá dividir una explotación en dos o más?, concluyó.
Respuesta
Según Riesgo, «lo primero y más importante» es que los oyentes tengan claro que esto es únicamente una propuesta realizada por la Comisión. «Se tiene que debatir entre el Consejo y el Parlamento Europeo, y la propia Comisión, y es muy posible que sufra cambios», añadió.
En este sentido, explicó que todavía queda mucho debate y que actualmente no es posible saber si habrá cambios justo en este apartado de la reducción. «A lo largo de 2019 se dispondrá de información definitiva y dicha propuesta se empezará a aplicar como muy pronto a partir de 2021», apuntó Riesgo.
En cuanto a la propuesta, el presidente del FEGA explicó que lo que hace la Comisión es contemplar provisionalmente una reducción de las ayudas para los expedientes que cobren más de 60.000 euros. Esa cantidad tiene en cuenta todas las ayudas directas, acopladas y desacopladas.
Es decir, que a los expedientes que cobren más de 60.000 euros se les aplicará un descuento progresivo hasta 100.000, y a partir de esa cantidad se les descontará todo el importe por encima de la misma.
Hay una cuestión muy importante en la propuesta, y es que se favorecerá a las explotaciones que estén promoviendo el trabajo en el medio rural. No se aplicará reducción en los importes que se puedan justificar con gastos de salarios, externos y familiares.
«Parece claro que con esta propuesta lo que se quiere evitar es que esta reducción afecte negativamente a las explotaciones que generan empleo», señaló Riesgo.
Por último, hizo hincapié en que no se va a permitir que se trate de evitar esta reducción dividiendo una explotación, como señala el oyente en su consulta. Eso sería una irregularidad y supondría sanciones para aquel que haya realizado esta división artificial para esquivar la medida.
«Lo normal es que investiguemos todas aquellas divisiones de explotaciones que se produzcan a partir del 1 de junio de 2018, que es cuando se ha hecho pública la propuesta para toda la sociedad, y cuando un futuro afectado puede intentar un movimiento especulativo y dividir su explotación», concluyó.
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