La Junta de Andalucía ha responsabilizado este martes, 11 de abril, al Gobierno central de la falta de acuerdo entre ambas administraciones a la hora de buscar una solución conjunta que de respuestas adecuadas a los regantes de la corona norte de Doñana, al «negarse» a convocar una comisión bilateral.
El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha justificado con estos argumentos la proposición de ley del PP y Vox, cuya toma en consideración se debatirá este miércoles en la Cámara autonómica para pasar a continuación por un tramite parlamentario de urgencia.
La propuesta obtuvo el lunes un rechazo mayoritario en el pleno extraordinario del Consejo de Participación de Doñana. El portavoz lo ha achacado a que las distintas partes acudieron a esta cita con posturas «preconcebidas» y a que «nadie» cambió de opinión.
Tras precisar que en el pleno del Consejo de Doñana «no se votó nada», ha remarcado que el Gobierno andaluz «comparte» la opinión de los científicos sobre la crítica situación de Doñana agravada por la sequía, pero ha acotado que la cuestión es «si se aportan alternativas o se mira a otro lado como se ha hecho tradicionalmente».
«Si el Gobierno no hace las obras hidráulicas para que llegue agua superficial, no habrá agua»
El portazo ha asegurado que «ante la falta de voluntad del Gobierno, que se ha negado a la comisión bilateral y al diálogo, el Gobierno andaluz ha movido ficha con una propuesta que no amnistía a los infractores, que pretende analizar caso a caso y apuesta por el agua superficial sin dañar al acuífero de Doñana».
«El acuífero y la protección de Doñana son innegociables», ha remarcado Fernández-Pacheco, que ha aseverado: «Si el Gobierno no hace las obras hidráulicas para que llegue agua superficial, no habrá agua».
Sobre la posibilidad de que la Junta traslade a la UE su versión sobre la propuesta de ampliar las zonas regables, el portavoz ha aclarado que el interlocutor ante Bruselas es el Gobierno de España, si bien ha reconocido que hay contactos para «ir de la mano».
«Me preocupa que se esté trasladando a la UE una imagen distorsionada de lo que dice la proposición de ley. Si se dice lo que no contempla quien lo hace se deslegitima», ha señalado. En este sentido, ha pedido «rigor» tanto al Gobierno central como a sus portavoces en Andalucía.
