Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de un nuevo Real Decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas, algunas organizaciones ecologistas han denunciado la falta de participación social para su elaboración y han considerado que es una «oportunidad perdida» para limitar y reordenar un sector que crece de manera exponencial.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife, WWF, Food & Water Action y la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial han criticado que a la hora de elaborar este decreto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no haya respondido a las alegaciones presentadas por un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil y que no hayan tenido en cuenta a la población afectada por la expansión de la ganadería industrial.
También han demandado una moratoria a las nuevas explotaciones ganaderas industriales y la apertura de un debate social para avanzar hacia un modelo sostenible que responda a la emergencia climática.
Impactos sobre el medioambiente y la despoblación
Las organizaciones, que llevan denunciado desde hace años esta situación «descontrolada» de la ganadería industrial de porcino, han vuelto a instar al Gobierno central a que tome medidas urgentes ante los graves impactos que ocasionan sobre el medioambiente y la despoblación.
Entre ellos, se han referido al crecimiento exponencial de la cabaña porcina que «se está desarrollando a través de grandes explotaciones industriales, en un modelo de integración vertical que está sustituyendo las pequeñas y medianas explotaciones».
Según han explicado, este fuerte crecimiento está imposibilitando que España cumpla los límites de emisiones de amoniaco marcados por la legislación europea, ya que la ganadería es responsable del 67% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector y el porcino es ya responsable del 22% de las emisiones de la ganadería en España.
Asimismo, han señalado que este modelo de ganadería industrial orientado a la exportación tiene graves impactos en la calidad del agua, con decenas de pueblos sin agua potable y contaminación de acuíferos por nitratos en las zonas de expansión de la industria porcina. «Aunque el Real Decreto trata la gestión de los residuos y los purines, no establece mecanismos de control suficientes sobre su uso como abono orgánico en relación con su impacto sobre la biodiversidad de las zonas donde se emplee», han criticado.
Finalmente, han señalado que «las tímidas medidas adoptadas en el Real Decreto para limitar las emisiones de amoniaco, mejorar la gestión de los purines y regular las explotaciones industriales no afrontan la urgente necesidad de limitar el crecimiento, reordenar el sector porcino industrial español e incluso reducir la cabaña, tal y como están haciendo otros países de la UE que se enfrentan al mismo problema».
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