El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería (MAPA) ha presentado un proyecto de Real Decreto que establece las bases para la concesión de subvenciones directas para compensar los perjuicios económicos provocados por la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE).
Las ayudas podrán cubrir las pérdidas por la mortalidad de animales debidas a la enfermedad, los costes de los tratamientos veterinarios al ganado afectado y los costes de los tratamientos desinsectantes de animales e instalaciones. Serán las comunidades autónomas las encargadas de convocar y gestionar estas subvenciones.
De acuerdo con el proyecto, podrán beneficiarse de estas ayudas los titulares de explotaciones de producción y reproducción de vacuno inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA). Las granjas deberán estar ubicadas en comunidades autónomas en las que se hayan reportado casos de EHE durante el ejercicio de la convocatoria o dentro de los dos años anteriores.
Para determinar el número de animales afectados se tendrá en cuenta el censo existente en las explotaciones cuando se notificó el primer foco en el territorio de la comunidad autónoma de que se trate.
Las granjas deberán estar ubicadas en comunidades autónomas en las que se hayan reportado casos de EHE
Las comunidades deberán conceder ayudas a todas las explotaciones que cumplan los requisitos detallados en sus respectivas convocatorias y podrán fijar un sistema de prorrateo en caso de que las disponibilidades presupuestarias sean insuficientes. El texto no recoge una partida concreta, aunque hay que recordar que el Ministerio de Agricultura anunció que destinaría 15 millones de euros a subvencionar los gastos en los que hayan incurrido los ganaderos para hacer frente a la enfermedad y que pedía a las comunidades una partida adicional de otros 15 millones. Los criterios de reparto de los fondos se decidirán en la Conferencia Sectorial de Agricultura.
El texto constata que la enfermedad se propagó muy rápidamente a partir del comienzo del período de actividad vectorial en 2023 y que desde la primera detección se ha declarado su presencia en 257 comarcas ganaderas repartidas por todo el territorio peninsular. Los costes derivados de los tratamientos y las pérdidas por mortalidad de animales, subraya, «han puesto en riesgo la viabilidad económica de las explotaciones afectadas».
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