El borrador del Pacto nacional del agua tiene entre sus objetivos llegar a un acuerdo que permita adoptar medidas de ordenación económicas, de racionalidad regulatoria y de modernización organizativa e institucional.
El texto refleja cuatro ejes de actuación relativos al cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los planes de cuenca, la atención a los déficits hídricos, la puesta en marcha de los planes de gestión de riesgo de inundación y la mejora de la gobernanza del agua.
En primer lugar, el eje relativo a los objetivos medioambientales plantea acometer actuaciones de saneamiento y depuración, la identificación de espacios emblemáticos para protección a largo plazo de determinadas masas de agua asociadas o impulsar el drenaje urbano sostenible.
En segundo lugar, la línea dedicada a los déficit hídricos pasa por ejecutar en las infraestructuras convencionales o no convencionales que aumenten las garantías para cubrir las demandas en un escenario de cambio climático; se consideran prioritarias las que figuran en los planes de cuenca.
En este sentido, se habla de impulsar sistemas como la desalación o la reutilización, además de fomentar el ahorro y el uso eficiente del recurso en un contexto de cambio climático, que va a agudizar tanto el problema de escasez como el de contaminación de las aguas.
Propone un impulso a las interconexiones para mejorar la garantía de suministro en un mismo ámbito de cuenca
Además, en este apartado propone un impulso a las interconexiones para mejorar la garantía de suministro en un mismo ámbito de cuenca; plantea contar con un catálogo de las transferencias ya existentes, con sus condicionantes funcionales y las normas jurídicas que los habilitan, sobre las que es necesario ordenar, se apuesta por definir completamente la regulación de su funcionamiento.
Otros ejes
En el eje relativo al riesgo de inundaciones, se incluyen los proyectos de adaptación al cambio climático y la implementación efectivas de las medidas para protegerse ante dicho riesgo.
Finalmente, el cuarto eje afecta a la gestión del agua y apunta al cumplimiento de la Directiva Marco del Agua que responde a las recomendaciones de la Comisión Europea y que pasan por aplicar los instrumentos de tarificación -con un nuevo tributo ambiental- y el seguimiento de aguas superficiales y subterráneas o de extracciones no autorizadas, entre otros aspectos.
Este eje resume las líneas de trabajo para el cumplimiento de los objetivos de la política del agua en cinco cuestiones: la económico-financiera, la racionalidad regulatoria y la eficacia administrativa, el impulso a la comunicación entre administraciones, la mejor relación con los ciudadanos y el fomento de la investigación.
Para desarrollar de forma efectiva el pacto, el borrador señala que tendrá su reflejo en las herramientas legislativas -la ley de aguas y el plan hidrológico nacional- o en la actualización de los planes hidrológicos de cuenca, de acuerdo con el calendario marcado por la legislación europea, que da inicio con la consulta pública de los documentos iniciales en el segundo semestre de 2018 y que concluirá en enero de 2019.
Según el texto, en el primer trimestre del próximo año se tendrán que preparar los temas para sacarlo a consulta nuevamente en julio de 2020, un calendario que también comparte la revisión de los planes de gestión de riesgo de inundaciones.
