Esta semana se ha dado un paso más en el camino para lograr un acuerdo sobre la reforma de la Política Agraria Común, ya que el Parlamento Europeo ha adoptado su posición.
Hay que recordar que la reforma deben aprobarla las tres instituciones comunitarias: Comisión Europea, Consejo de Ministros y Parlamento Europeo. La Comisión Europea presentó su propuesta en octubre de 2011. El Parlamento Europeo ha adoptado su posición al respecto esta semana. Y en cuanto al Consejo, se espera que los ministros de Agricultura adopten la suya en su reunión del lunes y el martes de la semana que viene.
Si los ministros llegan a un compromiso, las negociaciones entre las tres instituciones para lograr un acuerdo final se iniciarían el próximo mes de abril y el objetivo, al menos el objetivo de la presidencia irlandesa, es que ese acuerdo final se logre antes de finales de junio.
En lo que respecta a la posición del Parlamento Europeo, en líneas generales es más flexible que la propuesta de la Comisión en algunos elementos clave.
Por ejemplo, en lo que atañe a la convergencia interna, que supondría una tasa plana de ayudas para el año 2019 dentro de cada Estado miembro o de cada región, el Parlamento rechaza esa idea de tasa plana y propone más bien una aproximación del nivel de las ayudas en los distintos sectores.
En cuanto a los pagos acoplados, que podrían concederse a sectores con dificultades o especialmente importantes, los eurodiputados amplían la lista de sectores que podrían acceder a ellas e incluye el tabaco. Esta medida es,además, importante para los ganaderos que no disponen de tierras.
Por otro lado, el Parlamento permite que los Estados miembros puedan limitar la superficie con derecho a ayudas (una petición española para evitar que el importe por hectárea se reduzca de forma brusca).
En el reverdecimiento de las ayudas, otro elemento clave, el Parlamento Europeo mantiene los tres criterios de Bruselas pero introduce algunas medidas para facilitar su aplicación.
Por último, los parlamentarios quieren prorrogar las cuotas azucareras hasta 2020 y los derechos de plantación de viñedo hasta 2030. En el caso de la cuota láctea, apoyan su eliminación cuando está previsto, el 1 de abril de 2015.
