Podemos subraya en su programa electoral que la Política Agraria Común (PAC) debe ser más justa. “El objetivo de la PAC no puede ser mantener un sistema de derechos históricos sino apoyar a quienes de verdad desempeñan la actividad: los productores y las productoras, y hacerlo de manera proporcionada a sus necesidades económicas, con menos complejidad burocrática y con mayor transparencia en los mecanismos de gestión y aplicación de los fondos”.
Considera que una nueva PAC tiene que “destinar al menos el 10% de los fondos a establecer medidas eficaces que corrijan los desequilibrios del mercado, introduciendo ayudas directas a la incorporación de mujeres y complementarias para las que continúan la actividad”; asimismo debe apoyar a los jóvenes, con el reforzamiento de las ayudas y el asesoramiento, para que tomen el relevo en las explotaciones.
Este partido concibe la PAC como “una lanzadera para la transición ecológica y el futuro del medio rural” y debe impulsar la ganadería extensiva y sectores con gran aporte social y ambiental, como los frutos secos o el olivar tradicional, así como otros nuevos, como el azafrán.
En el marco de esta política deben contar con una protección especial la agricultura insular, de montaña y el “pastoralismo, que genera productos de alta calidad, potencia y conserva la biodiversidad y ayuda a prevenir incendios y a luchar contra el cambio climático, por ejemplo, recuperando vías pecuarias e implementando una estrategia adecuada de sanidad animal no gravosa para las pequeñas explotaciones”.
- Cadena alimentaria. Se establecerá por ley un precio mínimo, o precio sostén, para proteger a los pequeños y medianos productores agropecuarios, que cobran “precios ruinosos” por sus productos y son tratados “como pura mercancía en el contexto de los acuerdos internacionales”. La obligación de un precio mínimo se incluiría en la Ley de la Cadena Alimentaria, debe cubrir los costes de producción y lo fijaría de manera objetiva el organismo de control, en este caso la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Se introducirán también otros cambios en la citada Ley: una regulación adecuada de la venta a pérdidas, medidas contra la “venta a resultas”, definición de la figura del mediador de la cadena alimentaria, fortalecimiento de las organizaciones de productores y fomento de los productos de temporada y proximidad.
- Agua. Podemos propone prohibir “la mercantilización del agua”. La compraventa de derechos concesionales, dice, convierte un derecho humano como el agua en un producto financiero. “Impediremos por ley el tráfico con este bien común, vinculado a las grandes obras del agua que solo benefician a las grandes constructoras y a los fondos de inversión”. La gestión del agua pasará a ser pública; ello supondrá dar marcha atrás y paralizar las privatizaciones del suministro, el riego, el saneamiento y la depuración. Se abandonará la política de grandes embalses.
- Fiscalidad. Se fijará un IVA del 4% para más alimentos y bebidas no alcohólicas. También se bajará el IVA de los servicios veterinarios, del 21% actual al 10%, y de alimentación animal, del 10% actual al 4%. Respecto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones se hará más progresivo, de forma que las personas herederas con menos patrimonio preexistente y mayor grado de consanguinidad tengan cuotas reducidas; además, se armonizará este impuesto a escala estatal.
- Alimentación. La etiqueta de los productos deberá reflejar la calidad de los mismos conforme al modelo del semáforo nutricional. Se aplicará una fiscalidad alimentaria que incluya un IVA más alto para alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares y más baja para alimentos frescos y saludables.
- Medio ambiente. Este partido propone un Plan de Restauración Hidrológico-Forestal para frenar el deterioro de la calidad de los suelos y la desertificación; anuncia que no se autorizarán más licencias de “fracking” en España y se trabajará para eliminar las existentes.
- Elecciones al campo. Deben convocarse elecciones a nivel estatal para determinar la representación de agricultores y ganaderos. Hasta ese momento debe mantenerse la interlocución con las organizaciones que ya hayan obtenido un respaldo significativo del sector agrario en las elecciones autonómicas que sí se han celebrado.
- Desarrollo rural. Se activará un Plan Nacional de Desarrollo Rural para revitalizar la estructura social y económica del mundo rural. Entre otras cosas, contemplaría líneas de financiación prioritarias para el sector agrario sostenible o la ganadería extensiva, la modernización de las estructuras de regadío y acceso prioritario a la tierra para los jóvenes.
- Despoblamiento. Se garantizará que todas las poblaciones puedan contar con una serie de servicios básicos (transporte, sanidad,…) y un acceso a internet de 30 Mbps y a 3G para cualquier núcleo habitado a un precio asequible. Por otro lado, se dará prioridad al mundo rural cuando deban implementarse medidas como la garantía de ingresos, la prestación por cuidado de niños o el plan de rehabilitación de viviendas. Se reducirá a la mitad el IBI de las poblaciones con menos de 5.000 habitantes y habrá un fondo para luchar contra la despoblación en las comarcas más vulnerables, dotado inicialmente con 500 millones de euros del Estado.
- Por otro lado, Podemos considera que las diputaciones provinciales responden a una estructura arcaica y anuncia la implementación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural para superar este marco y generar instituciones que frenen “la fragmentación y el debilitamiento de unos municipios que son cada vez más pequeños”.
