En su informe anual sobre el presupuesto comunitario del ejercicio 2022, publicado hace unos días, el Tribunal de Cuentas Europeo constata un nivel de error estimado en la Política Agraria Común (PAC) del 2,2%, ligeramente por encima del umbral de significación del 2%.
Este porcentaje se mantiene en torno al nivel de años anteriores (1,8% en 2021, 2% en 2020) y, según los auditores, la mayor parte de los errores cuantificados tienen que ver con operaciones de la política de desarrollo rural.
Además, el Tribunal menciona un aumento del número de casos en los que se ha detectado una sobredeclaración de superficies tanto en los pagos directos como en las medidas de desarrollo rural, que atribuye a fallos específicos en la gestión del sistema de identificación de parcelas agrícolas por parte de algunos Estados miembros.
A la vista de ello, el Tribunal recomienda que se siga controlando la calidad de los datos de los Estados miembros sobre las superficies agrícolas.
Opinión desfavorable
Con carácter general, y al igual que en los tres ejercicios anteriores, los auditores europeos concluyen en su informe que en 2022 se registró un nivel de error generalizado en el gasto de la UE y, en consecuencia, han emitido una opinión desfavorable.
En 2022, el gasto presupuestario total de la UE ascendió a 196.000 millones de euros (aunque si se tiene en cuenta el gasto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia los pagos ascendieron a 243.300 millones de euros). El nivel de error alcanzó el 4,2% (frente al 3% de 2021) y los auditores consideran que el 66% de los gastos auditados eran de alto riesgo.
En su informe advierten del creciente riesgo derivado de los préstamos para necesidades de pago adicionales, como las provocadas por la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania, y recomiendan la adopción de medidas para hacer frente al impacto de una elevada inflación en el presupuesto de la UE.
El Tribunal precisa que el nivel de error estimado no es un indicador de fraude, ineficacia o despilfarro, sino una estimación de los fondos que no se utilizaron conforme a las normas nacionales y de la UE.
Sin embargo, en el curso de su trabajo, los auditores identificaron catorce casos de presunto fraude y los notificaron a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que ya ha iniciado dos investigaciones.
