La Comisión Europea (CE) ha abierto este martes -27 de julio- un procedimiento de infracción contra España y otros once países por no incorporar a la legislación nacional la normativa comunitaria sobre prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria, cuyo plazo para hacerlo concluyó el 1 de mayo.
Bruselas también ha abierto un expediente a Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Estonia, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia. El Ejecutivo comunitario les envió a todos ellos una carta pidiéndoles explicaciones y ahora tienen un plazo de dos meses para responder a la misiva.
Es el primer paso de un procedimiento que en último término podría llevar al Ejecutivo comunitario a denunciar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a estos países.
Directiva
La directiva prohíbe dieciséis prácticas comerciales desleales en este sector, tales como los pagos tardíos y las cancelaciones de último minuto de pedidos de productos perecederos, los cambios unilaterales o retroactivos de los contratos, así como el rechazo de los acuerdos por escrito o la obligación de que el proveedor tenga que pagar por productos desperdiciados.
La norma obliga también a los estados miembros a designar autoridades nacionales para recibir las quejas ante estas situaciones de los agricultores, los pequeños y medianos proveedores y de las organizaciones que los representan.
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