El Consejo de Ministros acordó el 11 de noviembre remitir a las Cortes Generales el Acuerdo de París sobre cambio climático y solicitar su ratificación por el procedimiento de urgencia.
El Gobierno quiere que España ratifique cuanto antes este Acuerdo, que está oficialmente en vigor desde principios de mes.
El 12 de diciembre de 2015, la XXI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, celebrada en la capital francesa, alcanzó el Acuerdo de París, un hito histórico en la lucha contra el cambio climático y un éxito de la comunidad internacional porque, por primera vez, consigue una participación universal de todos los países.
Recoge 189 Planes Nacionales de lucha contra el cambio climático, que cubren el 97% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Hasta ahora, el Acuerdo de París ha sido firmado por 191 Estados u Organizaciones, de las cuales 105 han depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, adhesión o aprobación.
Al haberse cumplido los requisitos establecidos (la ratificación de al menos 55 partes del Acuerdo que sumen un total de 55% de las emisiones globales) el Acuerdo entró en vigor el pasado 4 de noviembre.
La Unión Europea depositó hace un mes su instrumento de ratificación, lo que permitió su entrada en vigor. España apoyó firmemente el acuerdo del Consejo de la UE para que se llevara a cabo de forma temprana, sin necesidad de que fuera ratificado entonces por todos los estados miembros.
Esfuerzos adicionales
El texto del Acuerdo, compuesto por 29 artículos, tiene por objetivo lograr que el aumento de la temperatura media global del planeta quede muy por debajo de los 2ºC respecto a los niveles preindustriales y, además, intenta lograr esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1,5ºC.
El acuerdo recoge la mayor ambición posible para reducir los riesgos y los impactos del cambio climático en el mundo e incluye los elementos necesarios para alcanzar dicho objetivo.
También reconoce la importancia de incrementar los compromisos con objetivos cada vez más ambiciosos, para lo cual establece un ciclo de revisión mediante el cual cada cinco años se deberá hacer balance del grado de implementación respecto al objetivo de los 2ºC, incluyendo los compromisos de reducción de emisiones, el estado de las acciones de adaptación y la situación de los medios de implementación, en especial la financiación.
