España fue el segundo beneficiario del presupuesto agrario del FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) en 2022 con 5.521 millones de euros, una cantidad algo superior a la del ejercicio anterior (5.498 millones). Por delante se situó, como suele ser habitual, Francia, con 7.512 millones, de acuerdo con los datos publicados por la Comisión Europea.
Si se considera el gasto total de la UE, España pasó a ser el cuarto perceptor de fondos del presupuesto comunitario con 14.248 millones de euros, frente a los 16.190 en 2021, por detrás de Polonia, Francia e Italia. Estas partidas no incluyen el dinero procedente del Fondo de Recuperación, que se distribuyó en el ejercicio 2022 por segunda vez.
Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la semana pasada, durante su discurso sobre el Estado de la Unión, el lanzamiento de un «dialogo estratégico sobre el futuro de la agricultura en la UE», con el fin de acabar con la polarización en los debates sobre la transición verde y el Pacto Verde Europeo. Este anuncio parece una respuesta a las peticiones de freno o pausa en la aprobación de normas que algunos jefes de Estado y de Gobierno y ciertos grupos políticos del Parlamento Europeo han realizado en los últimos meses.
El objetivo de Von der Leyen es asegurarse que la implantación de la transición verde se lleva a cabo de manera justa, inteligente e inclusiva. Este proceso de «dialogo» adoptará la forma de una serie de eventos por toda la UE, que se organizarán, según Bruselas, antes de finales de año y continuarán en 2024, con mesas redondas, talleres temáticos, campañas en internet y debates con los ciudadanos. La presidenta destacó que “necesitamos más diálogo y menos polarización”.
Se trata de un asunto muy polémico y con una enorme repercusión, tanto política, como social, económica y medioambiental
Finalmente, la Comisión Europea está teniendo más dificultades para concluir su propuesta de renovación de la autorización del glifosato en el mercado comunitario, cuya licencia actual expira el 15 de diciembre. A pocos días de su presentación a los expertos de los estados miembros del Comité Permanente Fitosanitario, que se ha retrasado hasta el 22 de septiembre (en lugar del 15, fecha prevista inicialmente), el texto está todavía en fase de discusión en el seno de los servicios de Bruselas. Se trata de un asunto muy polémico y con una enorme repercusión, tanto política, como social, económica y medioambiental.
El problema está en determinar por cuánto tiempo se autorizará el herbicida y en qué condiciones. Normalmente un producto fitosanitario se reautoriza por quince años; sin embargo, en 2017 se decidió una autorización para el glifosato por solo cinco años.
Información de César Lumbreras publicada el 18 de septiembre en La Razón
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