Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria han remitido un escrito a la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), en el que solicitan la retirada del borrador de la Estrategia para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo y su conservación. Consideran que el documento «tiene una orientación errónea, adolece de falta de rigor técnico y científico y podría vulnerar el régimen competencial establecido».
En su opinión, el texto elaborado por el Mnisterio, «una vez más sin el consenso previo con los Ejecutivos autonómicos», se ha realizado «sin la preceptiva evaluación de las medidas recogidas en la actual estrategia, sin contar con censos actualizados a nivel nacional y sin incorporar la documentación técnica facilitada desde las cuatro regiones que albergan más del 95% de los lobos de España».
Tal y como estas comunidades han comunicado al Ministerio, se vulneran otros aspectos fundamentales, como que el propio título del borrador «no se ajusta a los objetivos establecidos en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para las estrategias de especies amenazadas», o que no consta la autoría del documento, por lo que no se puede acreditar su solvencia técnica y científica. Además, en su contenido se vulnera el régimen competencial actual.
Asimismo, las cuatro comunidades critican que el documento «estigmatice al sector ganadero con valoraciones sin rigor que para nada contribuyen rebajar las diferencias y avanzar en la coexistencia con la especie». A su juicio, «contradicen los datos técnicos y científicos recabados en los planes de gestión de estas regiones, en las que el lobo cuenta con un estado de conservación favorable».
Cabe recordar que estas regiones ya anunciaron en septiembre la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la orden ministerial que determina la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y solicitaron el establecimiento de medidas cautelares con el fin de suspender la eficacia de la norma en tanto se resuelve este procedimiento.
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