Responsables de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía han insistido al Ministerio de Agricultura y a su titular, Luis Planas, para que atiendan las alegaciones que esta comunidad ha presentado al Plan Estratégico de aplicación de la PAC.
Según sus cálculos, el diseño del mismo supondrá la pérdida de más de 500 millones de euros para los agricultores y ganaderos andaluces en el período 2023-2027.
Desde la Consejería subrayan que esas alegaciones se han consensuado con las organizaciones agrarias y las cooperativas de la región. Entre las principales peticiones figura la flexibilización de las prácticas medioambientales exigidas con la nueva PAC (como ha hecho Andalucía, por ejemplo, reduciendo de cuatro a dos meses la obligatoriedad de cubiertas vegetales en el olivar), un rediseño de las regiones (especialmente para comarcas como la Campiña de Sevilla, La Janda de Cádiz, El Condado de Huelva, Antequera y La Loma de Jaén, que son las que más fondos pierden) y un aumento de los criterios para fijar el importe de los ecorregímenes, teniendo en cuenta otras variables, como la estructura del suelo o de las explotaciones.
Las alegaciones se han consensuado con las organizaciones agrarias y las cooperativas de la región
Andalucía reclama asimismo la modificación del concepto de agricultor activo, de forma que el productor integrado o ecológico sea considerado como tal per se. Por último, considera que la introducción del cuaderno digital de explotación debería retrasarse hasta septiembre de 2024 para las grandes explotaciones y hasta septiembre de 2025 para las pequeñas.
El viceconsejero de Agricultura, Vicente Pérez, ha reiterado el consenso unánime del sector y el ejecutivo andaluz para presentar, en tiempo, unas propuestas de modificación del PEPAC «que le piden (al Ministerio) que no ignore por ser lógicas y coherentes».
