Los eurodiputados miembros de las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente del Parlamento Europeo debatieron la semana pasada de forma conjunta sobre la estrategia de la granja a la mesa, que presentó en su día la Comisión Europea, y solo estuvieron de acuerdo en un punto: en pedir a Bruselas un estudio de impacto sobre las consecuencias que tendría la aplicación de las medidas incluidas en esa propuesta, porque ni las presentó en su día, ni las ha redactado hasta el momento. Bueno, matizo, porque estuvieron de acuerdo en otro punto: que, estando de acuerdo en el punto primero, se hallaban en desacuerdo en todo lo demás, porque la verdad es que unos y otros se tiraron las trastos a la cabeza, por utilizar una expresión coloquial.
Así, los eurodiputados agrícolas manifestaron su preocupación por el impacto que tendrán sobre la producción agraria de la UE las medidas de reducción del uso de fitosanitarios, abonos químicos y antibióticos que ha propuesto la Comisión Europea, así como el aumento de la superficie ecológica. Los eurodiputados medioambientales consideran, por el contrario, que los efectos a largo plazo serán beneficiosos y que no se puede seguir con la situación actual.
Y, en España, Planas tampoco es muy dado a presentar estudios de impacto de algunas de las propuestas que elabora. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura no ha publicado hasta el momento ni un solo informe con las repercusiones de la aplicación en las diferentes Comunidades Autónoma del Plan Estratégico de Planas (PEPLA), que ha remitido a la Comisión Europea para su aprobación. Algunos consejeros de Agricultura han pedido esos estudios, pero Planas y su equipo han hecho oídos sordos.
Por cierto que el Gobierno ha perpetrado otro ataque a una parte del sector agrario, según ha denunciado ASAJA, que rechaza la última propuesta para reformar el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. De acuerdo con sus cálculos, supondría para los autónomos agrarios un incremento de los costes sociales de cerca del 40 por ciento. Dicen además que el régimen planteado no tiene en cuenta las características específicas del sector agrario. Que se sepa el Gobierno tampoco ha presentado un estudio de impacto sobre esta medida.
Artículo de César Lumbreras publicado en `La Razón´ el 31 de enero
