El Ministerio de Agricultura ha abierto expediente sancionador contra las empresas extremeñas Arroceras Pons, Mercoguadiana y Emilio Camacho, compradoras de arroz, tras las denuncias de la Unión Extremadura del pasado 5 de marzo, ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA).
Así lo ha dado a conocer el secretario de la Unión de Extremadura, Luis Cortés, que ha destacado que el expediente sancionador se debe a que estas empresas no estaban cumpliendo lo estipulado en la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
En concreto, ha denunciado que no cumplían la obligatoriedad de confeccionar los correspondientes contratos entre los vendedores y estas empresas compradoras donde se estipulase tanto el precio del producto como las fechas de pago.
La Unión ha indicado que desde entonces se han aprovechado de este incumplimiento las empresas compradoras y han causado una pérdida de 8,6 millones de euros a los agricultores extremeños, que son los productores que más barato vendieron el arroz el año pasado.
Los precios que recibieron por su producto los agricultores extremeños no cubrían los costes de producción
En este sentido, ha señalado que Extremadura sembró en la campaña pasada 23.457 hectáreas con una producción final de 175.927 toneladas, donde las variedades de arroz largo supusieron casi el 90% de la superficie, por lo que se prevé una pérdida importante.
Además, Cortés ha hecho hincapié en que los precios que recibieron por su producto los agricultores extremeños no cubrían los costes de producción. Las cotizaciones estaban más de 40 euros por tonelada por debajo de los precios de otras comunidades autónomas.
A su juicio, es un dato relevante que de tres empresas denunciadas, el Ministerio haya abierto tres expedientes sancionadores al detectar en las tres indicios razonables de incumplimiento de la normativa, lo que hace pensar que esta es una práctica extendida entre los compradores de productos agrarios.
No obstante, ha asegurado que la organización no puede estar todos los días denunciando el incumplimiento de las normas en los contratos agrarios, que le corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, que es la competente, en vigilar que los mismos se cumplan.
Cortés ha recordado que los agricultores extremeños tienen todos los días inspecciones de trabajo, de hacienda, inspecciones del cumplimiento de las normas de la PAC, pero parece ser que no hay presupuestos para contratar dos inspectores para que vigilen que se cumple la Ley de contratos agrarios.
Por ello, la organización ha exigido al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que asuma sus competencias y que de manera inmediata se cree en la región el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria.
Asimismo, Cortés ha anunciado que la Unión de Extremadura realizará movilizaciones en septiembre hasta las próximas elecciones autonómicas, para exigir un trato digno de los agricultores.
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