El Diario Oficial de Castilla La-Mancha (DOCM) publicó el 22 de septiembre el Decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa en 2023 de una subvención de carácter excepcional a explotaciones ganaderas de apicultura de Castilla-La Mancha, para compensar las dificultades económicas en la apicultura profesional trashumante, de conformidad con el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo
Esta ayuda está destinada a compensar a los titulares de explotaciones apícolas por la pérdida de ingresos derivada de la disminución de la producción como consecuencia de la falta de polinización y del incremento de los insumos, y consiste en un único pago en función del área de afectación y del número de colmenas.
Serán beneficiarias de estas ayudas las personas que por su condición de titulares de explotaciones de apicultura, trashumantes y profesionales cumplan los requisitos. Deberán ser titulares, a fecha de 1 de enero de 2023, de explotaciones inscritas en el Registro general de explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de explotación «Trashumante» como sistema productivo. Además, deberán tener un censo asociado igual o superior a 150 colmenas, según la definición de explotación profesional y hallarse al corriente en el cumplimiento de pago de obligaciones del reintegro de subvenciones, de obligaciones tributarias y con la seguridad social.
Según se indica en la normativa, la ayuda se otorga por titular conforme a las siguientes cuantías máximas por beneficiario atendiendo al tamaño de la explotación, partiendo del censo comunicado en 2022: de 150 a 450 colmenas: 825 euros; de 451 a 1.000 colmenas: 1.650 euros y más de 1.001 colmenas: 2.200 euros
El Decreto explica que se trata de un sector que, desde 2020, ha estado sometido a grandes tensiones causadas por factores exógenos que han ido superponiéndose: la pandemia de Covid 19 –durante la cual se mantuvo en todo momento la cadena de producción y distribución de alimentos–, la crisis logística de 2021 y la situación de costes y mercados generada por la invasión de Ucrania en febrero de 2022, que aún perdura, y a la que se añade ahora un prolongado escenario de sequía, altas temperaturas y fenómenos climatológicos extraordinarios.
Esta situación descrita tiene consecuencias perjudiciales para la sostenibilidad de las explotaciones, cuya subsistencia en un escenario de baja rentabilidad podría verse amenazada, indica.
