El Ministerio de Agricultura está trabajando en una disposición que modificará la actual normativa sobre ordenación de las explotaciones porcinas intensivas. Entre otras cosas determinará la dimensión de las mismas o su ubicación y establecerá nuevas exigencias en materia de higiene, sanidad animal, bienestar del ganado y medio ambiente.
El objetivo es actualizar la reglamentación actual y adecuarla a los nuevos requisitos en esos ámbitos. Con ese fin, ha abierto una consulta pública, hasta el 3 de agosto, sobre la oportunidad de elaborar un Real Decreto que sustituya al vigente actualmente, publicado hace más de 18 años.
El Ministerio quiere recabar la opinión de los implicados sobre los problemas a solucionar y los objetivos que debe perseguir la disposición. Subraya que es necesaria tal modificación dados los profundos cambios que ha experimentado el sector porcino español desde el año 2000. Ha crecido hasta superar los 4 millones de toneladas anuales, que le sitúan como el cuarto productor mundial de carne de cerdo (aunque considerando el censo es el tercero), y con una facturación cercana a los 6.000 millones de euros. Además, España ha pasado de tener que importar carne para cubrir la demanda interna a convertirse en exportador neto, con una elevada dependencia exterior. Por otro lado, ahora tiene que afrontar unos retos muy distintos en materia sanitaria, medioambiental, etc.
El proyecto de Real Decreto establecerá “unos criterios respecto a la dimensión de las explotaciones que permitan garantizar la sostenibilidad económica de los productores y la sostenibilidad ambiental del entorno en el que se desarrolla su actividad”.
“En materia de bioseguridad y sanidad animal -señala el Ministerio- es importante reforzar y ampliar los requisitos existentes en esta materia a todas las explotaciones de ganado porcino, adaptándolos al riesgo potencial que presentan los distintos tipos de explotaciones. Asimismo, es importante establecer un régimen claro de responsabilidades en materia de bioseguridad y sanidad animal, incluir requisitos en materia de formación para el personal que trabaja con ganado porcino, así como mejorar las obligaciones de la normativa en vigor para el movimiento de animales procedentes de distintas explotaciones y mejorar las obligaciones en materia de ubicación de explotaciones y distancias mínimas entre explotaciones y otros establecimientos que puedan presentar un riesgo higiénico-sanitario”.
Por último, en materia medioambiental recuerda las obligaciones nacionales relativas a la reducción de las emisiones de determinados contaminantes atmosféricos. Para el sector porcino tienen una gran repercusión los compromisos de reducción de las emisiones de amoníaco, ya que genera en torno al 27% del total en nuestro país. El proyecto de Real Decreto incluirá, por tanto, medidas para reducir esas emisiones. También se reforzarán y actualizarán las exigencias para la gestión de estiércoles.
