El Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) de Brasil suspendió el pasado 16 de marzo, de manera preventiva, las exportaciones de aves a la Unión Europea (UE) de diez plantas brasileñas vinculadas al gigante cárnico BRF, el mayor exportador de pollo del mundo.
Las plantas afectadas por la medida fueron objeto de una operación policial el mes pasado tras descubrirse una red que permitía que sus productos fueran aprobados sin pasar por la fiscalización sanitaria.
Según el MAPA, una misión técnica viajará próximamente a la Unión Europea para ofrecer todas las aclaraciones que sean necesarias y, tan pronto se solucionen las inquietudes, espera que las exportaciones se reabran.
La BRF informó a sus accionistas sobre la medida a través de un comunicado y explicó que todos los productos que ya fueron colocados en la Unión Europea, así como aquellos que fueron producidos y embarcados antes del 16 de marzo, «pueden ser comercializados y utilizados sin restricciones».
La compañía aseguró que mantiene una «intensa interlocución» con las autoridades locales e internacionales para aclarar cualquier duda sobre la calidad y seguridad de sus productos y para preservar la relación comercial con sus clientes y consumidores.
La medida se debe a «divergencias sobre criterios de clasificación de productos exportados en lo que se refiere a la Salmonella»
En relación con la medida del Ministerio, la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA), que representa la avicultura y la porcicultura de Brasil, señaló que confía en una «efectiva e inmediata solución» del Ministerio para la reanudación de las exportaciones.
Según la ABPA, es importante aclarar que la medida se debe a «divergencias sobre criterios de clasificación de productos exportados en lo que se refiere a la Salmonella que, en términos prácticos, no trae riesgo a la salud pública».
Cabe recordar que a comienzos de marzo, las autoridades brasileñas desmontaron una organización que le permitía al gigante cárnico BRF adulterar la fiscalización de la calidad de sus productos.
Las investigaciones revelaron que cinco laboratorios privados acreditados por el Ministerio de Agricultura ofrecían resultados fraudulentos de los exámenes de calidad que se hacían a las muestras de alimentos.
Los fraudes tenían la complicidad de ejecutivos de BRF y empleados del cuerpo técnico, y de profesionales responsables por el control de la calidad de los productos de la empresa.