La Unión Extremadura pedirá pruebas a la Junta de que la azucarera «no ha sido un engaño electoral»

La Unión Extremadura ha anunciado que pedirá a la Junta toda la documentación correspondiente al proyecto de construcción de una azucarera en la ciudad de Mérida «que garanticen que todo lo prometido sobre la puesta en marcha de esta industria no ha sido más que un burdo engaño electoral».

Esta organización justifica esta petición en las declaraciones del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en las que, a su juicio, tras 3 años de publicidad, de comunicados, de modificación de normas subsidiarias y demás papeleo, «ha venido a reconocer que las posibilidades de dicha instalación en estos momentos son nulas».

En este sentido, la organización ha recordado que el 4 de diciembre de 2018 se anunció «a bombo y platillo» el acuerdo entre el Gobierno autonómico y el grupo empresarial Al Khallej Sugar para la instalación en Mérida de una industria de producción de azúcar de remolacha.

El proyecto tenía previsto invertir más de 400 millones de euros y tanto la Junta como el ayuntamiento de Mérida «allanaron el camino con aprobación de recalificaciones y cambios de normativa para que este proyecto llegara a buen fin», ha añadido La Unión.

«No se puede jugar de esta forma con los intereses y las ilusiones de los agricultores»

Asimismo, ha señalado que la consejera de Agricultura, Begoña García, llegó a asegurar que se había firmado un convenio con la empresa para poner en marcha la producción en la región de más de 30.000 hectáreas para el cultivo de la remolacha y que se había creado una mesa de trabajo en la que estaban sentadas las organizaciones Apag-ASAJA, ASAJA Cáceres, UPA-UCE y Cooperativas Agroalimentarias.

La Unión Extremadura entiende que «no se puede jugar de esta forma con los intereses y las ilusiones de los agricultores» que habían creído al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y a su consejera y que las 30.000 hectáreas de cultivo alternativo vendrían a paliar la alternativa en las superficies que se están dejando de sembrar de arroz, de frutales o maíz por falta de rentabilidad.

Por ello, la organización ha explicado que solicitarán al presidente de la Junta que se les remita copia del acuerdo firmado para la siembra de las 30.000 hectáreas anunciado por la consejera, así como las actas de la mesa que se había constituido para el estudio de dichas plantaciones.

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