La Asamblea de Extremadura ha aprobado por unanimidad una propuesta de pronunciamiento en la que insta al Gobierno central a modificar un Real Decreto para que sea el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) quien ostente las competencias sobre las decisiones relativas a las limitaciones de nuevas plantaciones de viñedo para cava y a garantizar la participación de la región en el trámite de informe.
Mercedes Morán, diputada del Grupo Parlamentario Popular y su portavoz de Agricultura y Desarrollo Rural, ha defendido esta iniciativa en el pleno de la Asamblea, que ha contado con el apoyo del PSOE, Ciudadanos y Unidas por Extremadura.
Durante su intervención, ha reclamado la modificación urgentemente del apartado 4 del artículo 7 del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, y que se vuelva a la redacción anterior dada por el Real Decreto 536/2019, de 20 de septiembre. El apartado 4 establece que el Ministerio «aceptará las recomendaciones presentadas por los consejos reguladores de las DOP supraautonómicas que cumplan con lo exigido en el anexo I.B.1 y resolverá respecto del resto».
Se deja en manos de un organismo «controlado por los productores y elaboradores catalanes» el progreso de un sector tan importante para Extremadura
Según el PP extremeño, el Gobierno de Pedro Sánchez concede el «control exclusivo» de la decisión sobre el número de hectáreas para nuevas plantaciones a la Denominación de Origen Protegida (DOP) del cava, ya que se suprime el trámite de informe de las comunidades autónomas y se «cede definitivamente» a una reivindicación histórica de esta entidad de decidir sobre la limitación de la superficie.
Con esa decisión, en la práctica, se deja en manos de un organismo «controlado por los productores y elaboradores catalanes» el progreso de un sector tan importante para Extremadura, que produce seis millones de botellas, de máxima calidad y que está ganando cuota de mercado frente al cava procedente de Cataluña, ha subrayado Morán.
Además, la diputada popular ha añadido que con la «vulneración» de la Ley de Transparencia que se ha producido con el último Real Decreto, no hay ni tramite de audiencia, ni de alegaciones, «ni posibilidad de defensa alguna».
