La Unión Extremadura denuncia un presunto fraude en el paro agrario

La Unión Extremadura presentará una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que investigue un «presunto fraude de cobro irregular» de prestaciones ante la «disparidad» entre las demandas de empleo y el paro registrado en esta Comunidad Autónoma.

Según la organización, desde el inicio de la recolección de la fruta, a primeros de junio, el sector viene lamentado la «escasez de mano de obra para las recolecciones». Esta situación les está obligando a mecanizar el trabajo, invirtiendo en recolecciones mecánicas y automatización de los procesos de producción.

Sin embargo, las cifras del paro en el mes de julio recogen que el desempleo ha aumentado en 973 personas (10,57%) en este sector, alcanzando los 9.201 parados. Ante estos datos, la Unión se ha preguntado cómo puede ser que el paro aumente durante los meses de mayor demanda de mano de obra.

¿Cómo puede ser que el paro aumente durante los meses de mayor demanda de mano de obra?

La organización también ha lamentado que los empresarios agrarios estén «sufriendo verdaderas redadas» de los inspectores de Trabajo buscando el fraude laboral en las explotaciones y se ha preguntado «por qué no buscan este fraude laboral en los que cobran el paro cuando no hay mano de obra suficiente para las labores en el campo».

En esta línea, ha recordado que el año pasado ya presentó una queja ante la Consejería de Trabajo por la «disparidad» entre las demandas de empleo y el paro registrado, ante la que tuvo «la callada por respuesta».

«Ahora vamos a presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que solo puedan acceder al paro los trabajadores que efectivamente no encuentren trabajo y no todos aquellos que reunidas las 30 jornadas tienen el paro asegurado durante varios meses o incluso un año, dependiendo de la edad del trabajador», ha explicado.

Finalmente, ha apuntado que si la Inspección de Trabajo sigue el camino de la Consejería se verán «obligados a presentar una denuncia ante la Fiscalía por presunto delito de fraude en la percepción de ayudas».

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