La Unión Extremadura ha denunciado que la Junta ha subido un 50% los impuestos de Transmisiones Patrimoniales a los agricultores de esta comunidad autónoma.
La Ley 19/1995 de 4 de julio establece unos beneficios fiscales a aquellos agricultores profesionales que sean titulares de una explotación prioritaria. Estos tienen una bonificación de un 75% en el impuesto de transmisiones patrimoniales por compra de tierra.
Hasta la fecha, tanto en Extremadura como en el resto de España, se consideraba que tenían derecho a esta bonificación las explotaciones familiares en la que uno de sus miembros fuese explotación prioritaria, con independencia de la calificación del otro cónyuge o pareja.
Según la organización, “esta filosofía se está aplicando en toda España excepto en Extremadura”, donde la Consejería de Hacienda ha remitido una circular a las Oficinas de Recaudación Tributaria por las que les informa que a partir de la fecha, solo tendrá la bonificación la adquisición por compra de tierra el cónyuge que cumpla el requisito de titular de explotación prioritaria. Por lo tanto, se cobrará la totalidad del impuesto al cónyuge o pareja del mismo que no cumpla este requisito, rompiendo, según la Unión de Extremadura “ la filosofía de la explotación familiar”.
Con esta nueva aplicación de las normas, los agricultores profesionales van a pagar alrededor de 630 € por hectárea de regadío y 360 € por secano más que con la anterior aplicación de la norma, es decir, un 50% más de impuestos, “sin que se haya aprobado norma de subida alguna”.
La Unión Extremadura ha solicitado una reunión urgente a la Directora General de Recaudación Tributaria de la Junta para que les explique este incremento de impuestos.
La organización recomienda a todos los agricultores profesionales que en estos días vayan a formalizar escrituras de compraventa de tierras, que se acojan ambos cónyuges o parejas a la exención del 75% del impuesto y cuando reciban la propuesta de liquidación provisional que se asesoren para interponer el correspondiente Recurso ante el Tribunal Económico Administrativo de Extremadura, ya que entienden que “esta subida de impuestos es ilegal”.
