La Comisión Europea anunció la semana pasada que está dispuesta a presentar «una propuesta para modificar el estatuto de protección del lobo en el seno de la UE y a actualizar el marco jurídico, con el fin de introducir, cuando sea necesario, más flexibilidad en función de la evolución de esta especie». Desde hace unos años, Bruselas ha tenido que soportar la presión del Parlamento Europeo y de algunos Estados miembros para plantear este cambio en la normativa y el estatuto de esta especie, cuyas poblaciones han aumentado. Hasta ahora, la Comisión se había resistido a ello, pero, ahora, ha sido su propia presidenta, Ursula von der Leyen, la que ha tomado la iniciativa. Esta última la ha justificado diciendo que «la concentración de manadas de lobos en ciertas regiones de Europa se ha convertido en un verdadero peligro para el ganado y, potencialmente, para el hombre».
En abril de 2023, expertos de la Comisión comenzaron a recopilar datos entre grupos de expertos y partes interesadas en el asunto, así como los comunicados por las autoridades nacionales en virtud de la legislación europea e internacional existente. Sin embargo, estas informaciones no permiten que la citada Institución comunitaria tenga todavía una visión de conjunto suficiente para concebir nuevas acciones, por lo que ha decidido ampliar el plazo para esta consulta. Por eso ha invitado a las regiones afectadas, los científicos y todos los implicados a presentar, antes del próximo 22 de septiembre, datos actualizados sobre poblaciones de lobos y su impacto sobre el territorio. Una docena de Estados miembros, entre los que no figura España, con Francia, Austria y Rumania a la cabeza, reclaman desde hace años que se revisen las normas que regulan la gestión de las poblaciones de grandes carnívoros, cuyo número ha aumentado de forma considerable. En concreto, piden que se modifique el estatuto del lobo en la directiva Hábitats y que pase del anexo IV, que supone protección estricta, al V, con simple.
Tras este anuncio de Bruselas, las reacciones en España no se hicieron esperar. Así, las comunidades con mayores poblaciones de esta especie y con más ataques a explotaciones ganaderas pidieron al Gobierno la derogación de la orden que incluyó al lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE) en todo el territorio nacional y que acabó con los planes de gestión que se venían aplicando al norte del río Duero. Esa orden fue obra del Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera, mientras el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, miró para otro lado, como es habitual en él.
Información de César Lumbreras publicada el 11 de septiembre en La Razón
