ASAJA de Ciudad Real se ha mostrado en contra de los primeros precios de la uva de las variedades tempranas publicados en la provincia por las principales bodegas. Considera que son precios ruinosos ya que no cubren los costes de producción. Florencio Rodríguez, secretario general de la organización, detalló en AGROPOPULAR -22 de agosto- que, en general, han caído un 30% con respecto al año pasado.
En el caso de la Chardonnay, el año pasado los precios estaban a 6 pesetas y ahora a 4,50 pesetas; en moscatel el año pasado a 3,50 y este año a 2,30. No obstante, según Rodríguez, las otras variedades aún no se han recogido, pero ya se anuncian bajadas importantes, que hacen que el cultivo no sea rentable. Se trata de «precios de ruina que supondrán que muchas viñas tendrán que arrancarse a partir de ahora».
A su juicio, la campaña va a ser complicada por el COVID-19 y por la caída de la demanda y, aunque se espera una buena cosecha «hay muchas cosas que mejorar». A su juicio, se toman medidas a destiempo, hay fraude y las administraciones no hacen nada ante la falta de trazabilidad. «Y al final pagan las consecuencias los productores».
Por ello, ha reclamado al consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, que también intervino en AGROPOPULAR, que se cumpla la ley de contratos, que exista trazabilidad y que haya unos costes de producción que se regulen y se homologuen por parte de la Administración regional y por del Ministerio.
De momento han publicado estos precios Félix Solís (que afecta a Valdepeñas y a La Mancha). No obstante, aseguró que también hay otras bodegas que han ofertado caídas importantes -del 30%- en otras variedades de uva. Esos precios están por debajo de los costes de producción y eso supone que el sector se tenga que reestructurar. «Van a caer muchos agricultores».
«Las administraciones solo actúan cuando las OPAS denuncian»
A su juicio existen herramientas importantes. Sin embago, la Interprofesional del vino funciona mal, no se mejora la Ley de contratos, la AICA tiene que hacer un seguimiento más importante de lo que está haciendo y ser más duro y las certificadoras están cobrando, pero no certifican lo que tienen que certificar, porque hay anomalías.
Finalmente subrayó que las administraciones solo actúan cuando las OPAS denuncian. «No es normal que las empresas prefieran comprar vino a cooperativas o a las empresas mucho más barato que pagar uvas a los viticultores.
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