Hace dos semanas tan solo, Francia vivió una gran movilización de agricultores y ganaderos. Pues bien, el propio primer ministro cogió el toro por los cuernos se reunió con las organizaciones agrarias, multiplicó sus visitas a las zonas donde había comenzado todo, empezando por la granja del agricultor y ganadero que encendió la mecha en el sur del país, entre Toulouse y Tarbes, desde la que presentó el primer paquete de medidas de apoyo a sus sector agrario, que ya ha aparecido en su equivalente al Boletín Oficial del Estado (BOE) de aquí.
Mientras tanto, el ministro de Agricultura multiplicó sus intervenciones en los medios de comunicación del vecino país y se reunió también con los representantes del sector una y otra vez. Para rematar la faena, el mismísimo Presidente de la República, Macron, se entrevistó con la presidenta de la Comisión Europea, a la que planteó una serie de peticiones con medidas concretas que eran competencia de Bruselas. En Italia, donde también se viven protestas del campo, Meloni, la jefa de Gobierno, se ha ocupado del asunto directamente.
En España, Pedro Sánchez ha prometido cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria y que se flexibilizará la PAC y su carga burocrática, mientras su ministro de Agricultura, Luis Planas, sigue en paradero casi desconocido. Y digo casi porque ayer viernes, con la que está cayendo, estuvo haciendo campaña electoral en Galicia. Sin embargo, reunirse con el sector y con los convocantes de las protestas, no se ha reunido. Para la próxima semana ha citado a los miembros del llamado Observatorio de la Cadena Alimentaria, en el que están, perdón por la expresión, ciento y la madre. ¿Por qué ha tardado tanto y por qué convoca a tantos? Pues, para hacerse la foto, porque dudo mucho que de allí salga algo. Y de las promesas de Pedro Sánchez no sé si habrá alguien que se fie todavía. Sin embargo, hay que dejar abierta una puerta abierta a la esperanza.
En estos momentos hay al menos dos medidas concretas que el Gobierno puede adoptar prácticamente de un día para otro, como gesto de buena voluntad, y que encima no cuestan dinero. La primera es retrasar la entrada en vigor del cuaderno digital de explotación, algo que obligará a una parte de las explotaciones agrarias desde este mismo año y que supondrá una mayor carga burocrática para agricultores y ganaderos, que rechazan. Eso depende directamente de Luis Planas. Y la otra medida es reducir la protección al lobo, volviendo a la situación anterior a septiembre de 2021, cuando mediante una orden ministerial de Teresa Ribera se aumentó la protección a este animal. Se trata de otra medida que no cuesta dinero y que depende solo de la voluntad política de esta última y del Gobierno.
Mientras tanto, el periódico El Mundo publica hoy un sondeo sobre las protestas del sector agrario con los siguientes datos: un 87 por ciento de los encuestados estima que las demandas de los agricultores y ganaderos son lícitas y casi un 40 por ciento responsabiliza al Gobierno de la situación frente a un 38,7 por ciento que señala a la Unión Europea. En resumidas cuentas, que una gran mayoría apoya al campo. Ahora bien, en caso de mantenerse las protestas “sine die” aumentará el número de ciudadanos afectados por las movilizaciones, habrá más riesgo de incidentes y es previsible que este apoyo ciudadano se reduzca rápidamente. Toca coger el toro por los cuernos, remangarse y buscar soluciones al problema. Ya no vale estar desaparecido.