En el marco de los debates que se llevan a cabo en Francia para adoptar el modelo de aplicación de la futura PAC en este país, el ministro de Agricultura, Julien Denormandie, ha planteado que el agricultor activo sea aquel que cumpla con dos condiciones: “tener una edad inferior o igual a 67 años” (que es la edad legal de jubilación) y “tener suscrito un seguro de accidentes de trabajo (Atexa)”, lo que “demuestra una participación efectiva en la vida de la explotación”.
La definición de agricultor activo determinará quienes tienen derecho, o no, a recibir ayudas de la PAC a partir de 2023. Actualmente se está discutiendo este punto con las regiones y podría tomarse una decisión en una próxima reunión de un Consejo de Estado-Regiones que se debería celebrar antes de finales de octubre, siempre y cuando haya otros elementos de la negociación que también estén “maduros” para llegar a un acuerdo. De momento, las regiones han mostrado su preocupación por la aplicación de esta definición en los territorios de ultramar, donde tendría que adaptarse a su demografía particular.
2.000 millones para innovación en la agricultura y la alimentación
Por otro lado, el presidente francés, Emmanuel Macron, presentó el 12 de octubre un plan de inversión pública quinquenal para la innovación que lleva por nombre “Francia 2030” y que está dotado con 30.000 millones de euros. El plan prevé destinar 2.000 millones de euros a la agricultura y la alimentación en ese período de cinco años.
El documento incluye a la agricultura y la alimentación bajo el concepto de “comer mejor”, que es uno de los diez objetivos del plan, junto con el impulso a la energía nuclear y del hidrógeno. Busca llegar a “una alimentación sana, sostenible y trazable” de aquí al año 2030.
El ministro de Agricultura ha precisado que esta partida de 2.000 millones de euros se sumará a los 850 millones procedentes del cuarto programa de inversiones de futuro (PIA 4), que también se escalonará en el período 2021-2025. Julien Denormandie ha detallado los cuatro ejes a los que se destinarán esos fondos: 1.000 millones de euros para la “tercera revolución agrícola”, en particular para las tecnologías digitales, la robótica y la genética (y el Ministerio de Agricultura hace referencia también aquí a la cuestión del metano en la ganadería); 850 millones para el “reforzamiento de las cadenas de valor locales al servicio de la salud nutricional”; 500 millones de euros a inversiones en fondos propios –y no en subvenciones o anticipos- en las explotaciones agrarias para favorecer la instalación o en empresas innovadoras; y 500 millones de euros para el sector forestal.
