El Ministerio de Agricultura francés ha enviado a la Comisión Europea un documento con las principales líneas de su posición para la negociación de la futura PAC. Entre las actuaciones para afrontar crisis de mercado plantea que se incluya la posibilidad de conceder ayudas a la reducción voluntaria de la producción.
El documento francés, de siete páginas, no da más detalles ni desarrolla esta idea. La incluye en un apartado titulado «Una PAC que proteja frente a los riesgos climáticos, sanitarios y económicos». En ese capítulo constata que los precios de los productos agrarios son cada vez más volátiles como consecuencia de la globalización, el cambio climático o los riesgos sanitarios. Para ayudar a los agricultores y ganaderos a hacer frente a esa situación recuerda, en primer lugar, «la importancia de los pagos directos como red de seguridad indispensable» y defiende los instrumentos de regulación existentes, al tiempo que pide que la respuesta pública en caso de crisis sea más rápida.
Considera que deben reforzarse y generalizarse los observatorios de los mercados y establecer un umbral de alerta que obligue a la Comisión Europea a presentar propuestas y subraya que «habría que mencionar explícitamente, entre las medidas de crisis a las que se puede recurrir, la posibilidad de conceder una ayuda a la reducción voluntaria de los volúmenes».
También apunta que los instrumentos de gestión de riesgos disponibles para los agricultores, como los seguros o los fondos de mutualidades, deben modernizarse y contar con apoyo para ser más eficaces. Por último, pide que se «afiance» el marco jurídico que permita a los Estados miembros adoptar disposiciones fiscales que permitan fomentar la creación de un «ahorro de precaución» frente a las adversidades climáticas.
No al recorte presupuestario
Además de rechazar el recorte presupuestario que plantea Bruselas para la futura PAC, Francia defiende unas «reglas y una financiación comunes», que son «esenciales para el buen funcionamiento del mercado interior y evitar políticas nacionales divergentes que generen distorsiones de la competencia» entre Estados miembros. Con ese fin pide que «el número de mecanismos facultativos se limite lo más posible».
Está de acuerdo, por otro lado, con un primer pilar de la PAC (ayudas directas y medidas de mercado) financiado totalmente por el presupuesto comunitario y un segundo pilar (desarrollo rural) cofinanciado, aunque no está de acuerdo con los porcentajes de cofinanciación propuestos por Bruselas.
Asimismo, está de acuerdo con la convergencia interna que figura en la propuesta y con la «posibilidad de adoptar un sistema de montante uniforme medio por territorio homogéneo».
Por otra parte, el Gobierno francés quiere que la futura PAC favorezca la transformación de los sectores agrarios y alimentarios y, con ese fin, pide que los programas operativos que existen en sectores como el de frutas y hortalizas se amplíen a los demás. En materia medioambiental, está de acuerdo con lo que propone Bruselas: una condicionalidad reforzada que incluiría el actual reverdecimiento, los nuevos eco-esquemas voluntarios y las medidas agroambientales.
Por último, Francia está de acuerdo con el nuevo modelo de aplicación de la próxima PAC que propone la Comisión, que deja un importante margen de maniobra a los Estados miembros, aunque ello no debería provocar distorsiones de la competencia ni traducirse en una mayor complejidad.
