El Gobierno de Francia ha anunciado que presentará antes del verano un proyecto para una nueva ley más estricta que garantice que la industria agroalimentaria pague a los agricultores precios que cubran los costes de producción.
Propondrá también la creación de un mecanismo similar en el ámbito de la Unión Europea, según anunció este miércoles el primer ministro, Gabriel Attal, en una rueda de prensa para presentar una serie de medidas adicionales en favor del sector agrícola.
Francia ya tiene una norma, denominada ‘ley Egalim’, para garantizar unos precios mínimos, pero la gran industria y la gran distribución la han sorteado con frecuencia estableciendo centrales de compras en otros países europeos, entre ellos España, a fin de esquivar la legislación francesa.
«Las centrales de compras europeas deben respetar las leyes nacionales», aseguró por su parte el ministro de Economía, Bruno Le Maire, quien añadió que las inspecciones han encontrado que dos de ellas han violado la legislación francesa, para las que se han propuesto multas «de varias decenas de millones de euros».
Medidas
Attal anunció además otras medidas como, por ejemplo, que se va a «facilitar» la llegada de trabajadores temporeros extranjeros para el sector agrario, otra petición del sector. En sentido, recordó las medidas que han tomado durante las últimas semanas que permitieron levantar casi todos los bloqueos de carreteras, «pero no todas las dudas» de los agricultores, que «nos han pedido ir más lejos».
Añadió que las ayudas de base de la PAC están pagadas al 99,61% y Attal prometió que se llegará al 100% para el 15 de marzo, y avanzó nuevas medidas de simplificación administrativa y burocrática.
El primer ministro también reiteró la lucha del Gobierno contra la competencia desleal. Por ello insistió en la exigencia de las llamadas ‘cláusulas espejo’, motivo por el que recalcó el rechazo de Francia al acuerdo UE-Mercosur.
También anunció que ha pedido a la Comisión Europea la prohibición de la importación de productos cultivados con neonicotinoides, un insecticida prohibido desde 2020 en la UE pero que, según Attal, siguen entrando en Europa en productos importados.
