Francia va a impedir la importación de alimentos procedentes de fuera de la Unión Europea (UE) y que hayan sido tratados con pesticidas u otros productos fitosanitarios que no se pueden utilizar en Europa.
El primer ministro galo, Gabriel Attal, anunció este jueves que en primer lugar se aplicará una «cláusula de salvaguarda» para el tiacloprid, un pesticida que se prohibió en enero de 2020 por el daño que causaba a las abejas, pero que se extenderá a otros productos, y que Francia intentará que la UE haga suyo también ese principio.
El anuncio de Attal, que forma parte de un nuevo paquete de medidas del Gobierno francés en favor de los agricultores, pretende ser una respuesta a sus quejas de que afrontan una «competencia desleal» por importaciones que no están sometidas a las mismas reglas sanitarias, medioambientales o laborales que ellos sí tienen que cumplir.
Attal insistió en que lo que han presentado busca asentar dos principios por los que se van a guiar las políticas agrícolas francesas: «producir y proteger» con la idea puesta en que «queremos ser soberanos» en la alimentación y para ello Francia quiere apoyarse en la UE.
«Europa debe ser factor de protección y de soberanía, y no a la inversa»
«Europa debe ser factor de protección y de soberanía, y no a la inversa», subrayó Attal, que igualmente prometió un paquete de 150 millones de euros para la ganadería, que se añaden a otro presentado el miércoles de 80 millones para la viticultura, acompañados de 150 millones para el arranque de viña.
A la UE le pidió le pidió el establecimiento de cláusulas de reciprocidad en los acuerdos con otros bloques económicos, para que no puedan entrar productos que estén sometidos a las mismas reglas que las de los agricultores europeos.
Con ese objetivo, Francia va a proponer a la nueva Comisión Europea que salga de las elecciones a la Eurocámara de junio la puesta en marcha de «una fuerza europea de control» para que los agentes antifraude de cada país intercambien informaciones y lleven a cabo investigaciones comunes.
El ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, indicó que se van a duplicar los controles a los industriales y a grupos de distribución para asegurarse que se cumple la ley que garantiza a los agricultores un precio que cubra sus costes.
Le Maire avisó de que esos controles se van a extender a las centrales de compra que los grandes grupos de distribución tienen en otros países europeos, como España, para garantizar que se respeta esa ley con todos los productos que se venden en Francia, aunque hayan sido negociados en el extranjero.
Más controles sobre el origen de los alimentos
«No permitiré ningún intento para puentear la legislación francesa», aseguró el ministro, que no precisó si esas reglas del precio mínimo se aplicará a productos extranjeros. Lo que sí repitió es que los grupos de distribución infractores se exponen a multas de hasta el 2% de su facturación.
Le Maire también ha dado instrucciones para endurecer los controles de verificación de que todos los alimentos que se venden como franceses efectivamente lo son, y ahí las sanciones pueden alcanzar el 10% de la facturación.
Para favorecer la competitividad del sector agrícola francés, y en particular de las explotaciones de frutas y hortalizas -muchas de las que ahora se importan de España- el Ejecutivo dará exoneraciones fiscales en la contratación de trabajadores temporeros.
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