Existe un alto porcentaje de fraude en la elaboración y comercialización de aceite de oliva que precisa de una norma de calidad estricta que garantice su autenticidad y le proporcione valor añadido. Esa norma permitiría erradicar las prácticas fraudulentas y dar confianza al mercado y al consumidor.
Esta es la conclusión de un estudio realizado por el Instituto Coordenadas. Se trata del segundo que este Instituto dedica al sector del aceite de oliva. El primero se centraba en su banalización por parte de la distribución, los propios olivareros y una buena parte de los consumidores, que elimina su valor real como producto singular y reduce sus posibilidades de desarrollo futuro.
En esta ocasión constata que «el aceite de oliva es un producto muy regulado en sus diferentes variedades, pero no tiene una norma homogénea de calidad que permita establecer cuáles son los estándares que debe superar el producto y cuáles son las prácticas irregulares o fraudulentas que no se pueden admitir».
El estudio enumera un amplio abanico de fraudes. «Uno de los más extendidos –dice- es el de utilizar el aceite refinado aprovechando la diferencia de precio entre los aceites lampantes y los aceites vírgenes, entre 25 y 50 céntimos el kilogramo, para mezclarlo con aceite virgen extra, en porcentajes que pueden llegar al 60%, y vender el producto como si fuese aceite virgen extra, con el consecuente ahorro en costes y lógico fraude al consumidor». Otro es el de utilizar aceites de semilla en las mezclas. «El aceite lampante y el de semillas oleaginosas –precisa- se puede refinar (winterizar) hasta obtener un producto que sea neutro, sin olor, color o sabor y que mezclado con virgen extra sea indetectable en los análisis físico-químicos e incluso en los paneles de cata que actualmente se emplean». También puede utilizarse aceite de orujo, mezclarlo con virgen extra en pequeña proporción y hacer pasar el producto como aceite virgen extra», una práctica muy extendida en países vecinos.
Lo malo, lamenta, es que la consecuencia de esas prácticas es, en el peor de los casos, una multa administrativa, normalmente de poco importe, que los industriales defraudadores ya tienen en cuenta en sus costes de producción.
Según el estudio «la falta de unificación en las normas de calidad» (la UE tiene las suyas, el Consejo Oleícola Internacional establece otras y algunos mercados, como el norteamericano no tiene ninguna) así como de «controles eficientes es una ventana por donde pueden entrar prácticas poco transparentes que generan confusión al consumidor, dañan la imagen del producto y reducen su valor». «La homogeneización de las normas de calidad -precisa- debe extenderse al proceso de cata, esencial para determinar anomalías o defectos que afectan a la clasificación de los aceites y a su vida en el mercado».
