La Asociación de Compradores de Aceitunas de Extremadura piden investigar un fraude «millonario» en el cobro del IVA

La Asociación de Compradores de Aceitunas de Extremadura ha exigido que se investigue un «presunto fraude millonario» a la hacienda pública en el cobro del IVA por las producciones de uva y aceituna con una facturación superior a los 250.000 euros.

Tras criticar que se trata de un asunto «muy silenciado», han explicado que cuando un agricultor vende su producción recibe un pago equivalente al 10% de la facturación en forma del IVA. El límite establecido es que ésta no supere los 250.000 euros, de modo que a partir de este límite no se cobra este porcentaje.

Sin embargo, según han denunciado existen agricultores que superan esta cifra, pero «que hábilmente asignan estos excesos a familiares o a otros pequeños agricultores» que no rebasan esta cantidad con el fin de poder cobrar el IVA, «lo que claramente es un fraude».

Sería «fácil» que instituciones como la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil controlaran la producción real y el cobro del impuesto

Por ello, han solicitado a la Agencia Tributaria y a otras instituciones públicas que se investigue este presunto fraude. A su juicio, sería «fácil» que instituciones como la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil controlaran la producción real y el cobro del impuesto, sobre todo en el caso de los grandes productores agrícolas.

En este sentido, han explicado que disponen de los medios suficientes para comprobar que estas producciones se ajustan a la realidad estudiando datos como el número de jornales pagados en los períodos de recolección o la utilización de servicios externos de maquinarias cosechadoras que justifiquen una menor contratación de estos.

La asociación también ha pedido que los grupos políticos tomen medidas oportunas para instar a las diferentes entidades y organismos públicos a investigar.

Frente a esta situación «silenciada», ha lamentado que los compradores de aceitunas están frecuentemente sometidos a un «control asfixiante» por parte de las administraciones públicas.

También ha criticado que la normativa regional que regula el rebusco de uvas y aceitunas tenía como objetivo «cargárselos», pese a ser «muy importante» en el sostenimiento económico de muchas familias humildes, sobre todo en los períodos de desempleo y precariedad.

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