La Xunta de Galicia está trabando en diferentes herramientas para favorecer la movilidad de las tierras agrarias en la región. Entre ellas ha destacado la futura Ley de recuperación y puesta en valor de la tierra.
Durante la presentación, el 16 de julio, del informe anual sobre precios y movilidad de la tierra rústica correspondiente a 2017, el conselleiro de Medio Rural, Miguel Pérez Dubois, anunció que la disposición podría llevarse al Parlamento gallego antes de fin de año y que persigue tres grandes objetivos.
En primer lugar quiere movilizar grandes superficies que se encuentran en estado de abandono o infrautilizadas, mediante los llamados polígonos agroforestales. En segundo lugar, fomentará instrumentos de gestión conjunta de la tierra sin afectar a su propiedad. Y, por último, la Ley favorecerá que se agilicen los procedimientos de arrendamiento a través del Banco de Tierras, una herramienta que, según subrayó el conselleiro, se reforzará con medios y personal.
Con todo ello, dijo, se busca lograr «un rural más resiliente a los incendios» y que «sirva además como foco de atracción para fijar población».
Casi 40.000 operaciones de compraventa, con subida del precio
Los datos relativos al año 2017, recogidos en el citado informe, dan cuenta de un total de 39.669 operaciones de compraventa de tierras en toda Galicia ese año, lo que supone un aumento de casi el 3% respecto a 2016. Considerando la superficie, cambiaron de manos 9.835 hectáreas, la mayoría de monte (6.388 hectáreas) y el resto de terrenos agrarios (3.448 hectáreas).
Respecto al precio, la media se situó en 1,04 euros por metro cuadrado de tierra rústica, lo que supone una subida del 12% sobre la media de 2016 (0,93 euros). Por tipos de tierra, el precio medio de terreno de monte alcanzó los 0,64 euros por metro cuadrado, un 8% más que el año anterior (0,59 euros); las tierras destinadas a la actividad agraria o ganadera subieron de forma más acusada y llegaron a 1,79 euros por metro cuadrado, un 29% más que en 2016 (1,39 euros).
El estudio ha corrido a cargo del Observatorio de la Movilidad de Tierras de Galicia, creado en 2016, y es el segundo que se publica.
