El glifosato ha vuelto a situarse en el primer plano. La Comisión Europea ha propuesto que siga autorizado diez años más. Aunque el Parlamento Europeo no tiene poder de codecisión sobre esta propuesta, los eurodiputados han debatido la cuestión. Muchos creen que la Comisión debe modificar su propuesta para incluir medidas más estrictas de gestión de los riesgos que supone el uso de esta sustancia. De momento, los de Bruselas sólo prevén la prohibición de usar el glifosato para la desecación y plantean el establecimiento de zonas tampón sin tratar para evitar la difusión del herbicida fuera del área de tratamiento.
Hay otras limitaciones que se dejan a discreción de los Estados, lo que puede dar lugar a distorsiones de la competencia, según los eurodiputados. Algunos apuntaron también que si no se presiona a los Gobiernos para que investiguen en métodos alternativos de control de malas hierbas no invertirán en ellos. Las organizaciones de agricultores se han mostrado partidarias de esta medida planteada por Bruselas. Los ecologistas la rechazan.
El problema de las posibles distorsiones de la competencia es importante, pero lo es más que el glifosato está autorizado en países terceros con los que la UE mantiene relaciones comerciales. Eso significa que productos procedentes de estas naciones que han sido tratados con glifosato pueden entrar en la UE, lo que podría suponer una competencia desleal. Este caso no es único, ya que en los últimos años la Comisión y los Estados ha prohibido productos fitosanitarios, especialmente en el caso del arroz y de los cítricos.
En este último caso, las organizaciones agrarias han denunciado la entrada en la UE de productos agrarios de terceros países que han sido tratados con sustancias prohibidas en el mercado comunitario, lo que supone, en su opinión, competencia desleal. Eso, unido a las obligaciones impuestas por el Pacto Verde europeo, han supuesto más costes de producción para agricultores y ganaderos comunitarios, que se sienten en inferioridad de condiciones para competir con las mercancías procedentes de terceros países, con los que se han multiplicado los acuerdos comerciales preferenciales.
Artículo de opinión de César Lumbreras publicado el 9 de octubre en La Razón
